Como no hay plazo que no se cumpla, en poco más de 50 días entrará en funciones el segundo gobierno de Morena en condiciones sumamente críticas en materia económica, de inseguridad y violencia, de educación y salud, y en medio de las elecciones en Estados Unidos que en muy buena medida tendrán un impacto enorme sobre México.
Pero uno de los aspectos que se ha analizado poco es cómo serán, en verdad, las relaciones entre el nuevo gobierno y los gobiernos estatales, con cuyos titulares se ha estado reuniendo estos días la próxima presidenta. Y digo relaciones pero en realidad se reducen básicamente a dos cuestiones de suma importancia: la coordinación en materia de seguridad y el dinero adicional. Veamos cada una.
Como es bien sabido, la federación ha atraído casi todas las facultades e instrumentos supuestamente para solucionar el problema creciente de la violencia y el crimen organizado en México. Los datos muestran sin embargo que su gestión ha sido un fracaso entre otras razones por la ineficacia militar, directa o vía la Guardia Nacional, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción e impunidad de las fuerzas armadas. Hasta la fecha llevamos ya contabilizados casi 200 mil homicidios dolosos; de las 20 ciudades en el mundo con más homicidios por cada 100 mil habitantes 9 están en México, y de los casi 34 mil delitos relacionados con brutalidad policial o militar solo 373 fueron judicializados y 172 concluyeron en sentencia condenatoria. Es decir, el índice de presunta impunidad es de 99.5% para los ilícitos cometidos por parte de policías o integrantes de las fuerzas armadas.
El otro es el problema o más bien la limitación del dinero federal. Es cierto que hay buenas intenciones, promesas, retóricas e ilusiones, pero más vale que los gobiernos estatales y municipales se vayan haciendo a la idea de que la federación no les dará ni un centavo más del que por ley les corresponde, sencillamente porque no hay más. El gobierno de Morena recibirá de su propio partido un déficit presupuestal del 5.9% del PIB, o sea, los gastos del gobierno serán mayores a sus ingresos, el más alto desde 1988; su deuda equivale ya a más del 50% del PIB, y tiene como prioridades mantener los subsidios sociales, las becas, los pagos por las obras faraónicas como la refinería, el nuevo aeropuerto, el tren Maya o para mantener a flote a empresas como Pemex y la CFE que están prácticamente en quiebra técnica.
Bajo esas limitaciones, es lógico que la bolsa adicional para los estados atraviesa por temporada de sequía y además la administración morenista no tiene ningún incentivo político para ayudarlos, salvo a los estados donde está su base electoral que son la ciudad de México y el sur sureste del país.
Por tanto, si quieren tener espacio presupuestal para invertir inteligentemente, cosa dudosa, a los estados y municipios no les quedará más remedio que recaudar más y para ello tienen dos caminos que por lo demás son indispensables: aumentar el impuesto predial y aumentar el pago de la tenencia, hoy conocido como derechos de control vehicular. En el primer caso, el impuesto predial es una fuente de ingresos que en los municipios mexicanos representa apenas el 0.13% del PIB mientras que en otros países supone entre el 2.5 y 3 por ciento. Esto es, en parte, causa del desastre en el desarrollo urbano y la mala calidad de los servicios públicos en muchas ciudades del país. En el segundo, por razones electorales, se trata de un impuesto verde que prácticamente se dejó de cobrar o se estableció una cantidad fija muy baja para todas los vehículos, y supuso que las entidades perdieran una fuente importante de ingresos propios.
Así que todo indica que, si quieren tener más dinero para hacer buenas inversiones, van a tener que tomarse en serio elevar los ingresos, reducir los gastos y pagar el costo político natural en estas decisiones. Pero, sin duda, vale la pena.
