Hay un aspecto en el que se repara poco y es la forma en que los gobiernos gastan el dinero que recaudan de los contribuyentes. Ya sabemos que de cada 10 mexicanos solo alrededor de 5 están en la economía formal, es decir, pagan el impuesto sobre la renta, y la gran mayoría paga el IVA con la excepción de una canasta compuesta por alimentos, medicinas, tractores, chicles, y otras cosas que suenan surrealistas, pero así se ha ido tejiendo la historia del sistema fiscal mexicano que es una cadena de agujeros, exenciones, excepciones y demás. La primera conclusión lógica es que el gobierno federal nunca tiene dinero que le alcance para todo y entonces se ve obligado a elegir a qué obras o sectores le va a destinar el dinero que sobra.
Como vimos este sexenio, la bolsa más grande se fue a los llamados programas sociales, que son los pesitos que se van los adultos mayores, a las becas, y a otras cosas dirigidas a las clientelas electorales, o sea, a comprar el voto de las personas a cambio de ese dinero. Esto hizo que tuvieran que recortar el gasto para educación y para la salud, de modo que la pensión que reciben algunos en realidad la gastan en acudir a la medicina privada, a pagar médicos particulares, a comprar medicinas que antes les daba el seguro popular, y el caldo termina saliendo más caro que las albóndigas porque con lo que les dan no les alcanza. A la fecha hay 51 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud.
Pero además tampoco hay dinero para la educación. No hay para contratar buenos maestros, no hay para tener escuelas bien equipadas, para que tengan conectividad y muchas cosas más. Al día de hoy 56 mil escuelas en todo el país no tienen agua y 26 mil escuelas en todo el país operan sin luz. Por supuesto de la calidad ni hablemos, que está en la lona: la generación de niños de la era morenista será una generación de reprobados.
Y para completar el cuadro del desastre, al gobierno federal se le ocurrió hacer unas obras gigantescas que no sirven o no servirán para nada y un ejemplo destacado ha sido el aeropuerto de Santa Lucía. Como sucedió todo el tiempo, el señor López Obrador decidió cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto, sin realizar estudios de factibilidad, sin una evaluación de costo beneficio, sin calcular cual sería la demanda de pasajeros o el número de vuelos, sin ninguna de esa información que es obligado analizar rigurosamente para un proyecto que se hace con dinero de los contribuyentes. Así nada más, sobre las rodillas, se dijo cancelamos uno y hacemos otro.
