Perú pasa por una nueva crisis política y social. En estos días, el país sudamericano tiene a su séptimo presidente de la República en tan solo nueve años. A simple vista podríamos decir que es un récord único en el mundo, pero en realidad es el reflejo de la permanente inestabilidad institucional que los peruanos padecen desde el 2016 hasta ahora. Y pareciera no tener fecha de caducidad.
Los hechos lo demuestran. Dina Boluarte, la expresidenta que asumió el 7 de diciembre del 2022, fue vacada por el Parlamento tras declararse su incapacidad para solucionar la inseguridad ciudadana. Un problema que acabó con su gestión marcada por la alta desaprobación, pero sobrevivía gracias a las alianzas con algunos partidos de derecha que la sostenían en el Congreso. Finalmente, ese pacto político terminó por disolverse coincidentemente a seis meses de la celebración de nuevas elecciones generales.
Los recientes atentados contra transportistas y artistas provocaron que Boluarte fuese expectorada de manera exprés del cargo por su evidente falta de liderazgo como cabeza del Estado peruano para hacerle frente las bandas criminales. Una carencia que, sumada a las innumerables acusaciones y denuncias por corrupción, la colocaron en una situación de vulnerabilidad: su permanencia era insostenible.
Con Boluarte fuera del gobierno, empero, la crisis no ha terminado en Perú. Por el contrario, se abrió un nuevo escenario incierto con José Jerí. El titular del Parlamento, con 38 años y sin mayor experiencia política, asumió la presidencia por sucesión constitucional y en teoría debería culminar el periodo 2021-2026 el 28 de julio del próximo año cuando le entregue la posta a su sucesor.
Sin embargo, surgen dudas razonables sobre Jerí: ¿Podrá mantenerse al frente del Ejecutivo en esta transición accidentada que le toca encabezar? ¿Tendrá los dotes de un estadista para imponer el orden y encarnar la unidad y la dignidad de toda una nación? ¿Estará a la altura de un cargo tan crucial y simbólico para 33 millones de peruanos?
Por lo pronto, su imagen no genera ninguna confianza porque también carga con un rosario cuestionamientos como una denuncia por violación sexual archivada y una acusación por corrupción. Así, su figura se muestra vulnerable y ya causa rechazo en un sector de la población —encabezada por la llamada ‘Generación Z’— que marchará este miércoles 15 para exigir su salida de Palacio de Gobierno.
En un contexto así, turbulento y polarizador, un mandatario debe demostrar peso y lectura política para tomar decisiones urgentes e inmediatas, así como dar señales de estabilidad y tranquilidad a la población y a las inversiones. Hasta el momento, el presidente Jerí no lo hace: ya pasaron cuatro días desde que asumió su nuevo cargo y no tiene ministros.
Según el artículo 120 de la Constitución de Perú, los actos del jefe de Estado deben estar refrendados por un gabinete ministerial. En caso de no tenerlo, sus decisiones son nulas constitucionalmente hablando. En los últimos días, el presidente Jerí tuvo sendas reuniones con autoridades de otros poderes del Estado y gobernadores, de los cuales salieron acuerdos que, como decíamos, no tendrían ninguna validez legal.
Un alarmante vacío de poder que el mandatario no se da cuenta y que le pasaría factura. El solo hecho que no tenga equipo ministerial ya refleja el reducido entorno y la limitada capacidad para la negociación con algunos actores políticos que le acepten articular acciones con el fin de resolver con prontitud los grandes problemas existentes en el país como la desbordante inseguridad que avanza con total impunidad y mata a diario.
Por tanto, el margen de error para el presidente Jerí, en la conducción de su gobierno, es corto: o apuesta por tomar distancia del Parlamento que lo colocó en el cargo o termina por entregarse —al igual que su predecesora Dina Boluarte— a sus aliados circunstanciales que lo pueden vacar si la crisis se agudiza aún más en los próximos días.
Si toma el segundo camino, la gestión de Jerí no será un nuevo comienzo, sino la continuidad de la administración de Boluarte dentro de un sistema político que negocia la gobernabilidad por prebendas y poder desde el Legislativo. Allí donde en los últimos años se ha derogado leyes que solo buscan blindajes, favores políticos y beneficios particulares.
La movilización de este miércoles 15 será clave para saber si Jerí puede resistir ante la presión de la calle que exige ‘que se vayan todos’. Un pedido que podría ocasionar que la próxima semana estemos hablando, tal vez, de un octavo presidente de la República asumiendo funciones en menos de una década, lo cual consolidaría la idea que el Perú es uno de los países más inestables e impredecibles del planeta.
