De tiempo atrás, se ha puesto de moda un confuso concepto de ciudadanía, que no tiene o no parece tener ni pies ni cabeza, por ejemplo, en alguna ocasión, me tocó ver el afán protagónico de la dirigente de una organización ciudadana, surgida al calor de la crisis de inseguridad, cuya formación original era de cirujano plástico o algo así, y vino solamente la profunda ignorancia con que distorsionaba razonamientos básicos acerca de todos los temas, humanos y divinos, sino que además, sin recato intelectual alguno, concluyó que había llegado la hora de los ciudadanos para tomar las decisiones técnicas y políticas, “¡Madre mía!”, dije yo, "¿estoy oyendo algo acuerdo?", vayamos por partes como diría Jack, el Destripador.
En primer lugar, los países necesitan buenos profesionales, buenos arquitectos, poetas, médicos, científicos, periodistas, y claro está, buenos ciudadanos que ejerzan ciudadanía, buenos políticos que gobiernen y buenos funcionarios que gestionan, pero cuando creemos que unas actividades u otras son intercambiables simplemente al contentillo y que podemos reemplazar paladinamente a técnicos y funcionarios, y ser hoy un cariñoso padre de familia y al día siguiente amanecer como líder ciudadano en un consejo de la moral pública o de las causas celestiales, pues algo anda mal, ya vimos como en 1995 en Aguascalientes, un antiguo líder de Coparmex local brinco a alcalde y el resultado fue un completo desastre. Cuando se hace creer, sin embargo, que la gestión pública es una tarea prescindible y que cualquiera puede hacerse cargo de ella, se inocula un mensaje inconsciente, tal vez, pero alarmante, hay que estar lejos de los funcionarios porque son malos, porque es una actividad pecaminosa o por cualquiera de esos lugares comunes, y, por tanto, tienen que hacerle a los ciudadanos que son puros y gastos. Aceptemos que cada quien a lo suyo, los funcionarios técnicamente competentes, los políticos profesionales y serios, y los ciudadanos íntegros y participativos son protagonistas indispensables, todos, dentro de una arquitectura institucional y normativa transparente, ética y eficiente, pero cuando los funcionarios son incompetentes, los políticos impresentables y los ciudadanos salvadores divinos, vamos por la ruta equivocada.
En segundo lugar, a diferencia de otros estados como Nuevo León, por ejemplo, en Aguascalientes no hemos llegado a un nivel de madurez cívica, ni institucional ni de autonomía política que asegure estabilidad, pericia, capacidad técnica y continuidad, y eso produce confusiones y lleva a malas decisiones, entre otras cosas, porque crea incentivos para contubernios de todo tipo, véase la fisonomía real de una parte del sector empresarial de nuestro Estado que sigue siendo un colectivo muy variado, hay comerciantes tradicionales, inversionistas extranjeros, empresas locales grandes sumamente exitosas, cámaras y organismos dedicados básicamente hacer declaraciones mediáticas, proveedores o contratistas de los gobiernos o empresarios dependientes de los favores políticos, fiscales o judiciales, que por ese mero hecho los convierte en rehenes potenciales de los gobiernos. Tal panorama ha ofrecido, sin embargo, una desventaja para Aguascalientes porque aquí no tenemos una clase empresarial poderosa, autónoma y muy proactiva, como la que existe en Monterrey, que creo yo, la mejor del país, con sus excepciones, desde luego, pero no es lo mismo tomar riesgos que conseguir complicidades.
Ahora bien, en tercer término es esa noción de ciudadanía, la mejor modalidad intervenir, supervisar, controlar, regular o dirigir entes públicos por designación de las autoridades, si la respuesta es afirmativa, entonces el mejor camino es ir más allá, asumir directa y abiertamente su participación en los sectores que quieran y donde puedan fomentar, enriquecer la oferta de servicios más eficientes, combinar habilidades y recursos, invertir, compartir riesgos y responsabilidades y proveer experiencia, dicho de otra forma, lo incorrecto es como confundir una cosa con otra, buena parte de la corrupción mexicana, ya lo sabemos, se explica porque las burocracias insaciables, de manera directa o delegada, han tenido históricamente el monopolio de la prestación de algunos servicios y atribuciones públicas, y aunque existan consejos directivos, asesores o técnicos integrados por presuntos ciudadanos, la experiencia internacional sugiere que dicho control es insuficiente y lleva a convertir una atribución pública en negocio privado.
Lamentablemente, con Morena, por ejemplo, se ha olvidado una verdad casi bíblica, los gobiernos son un mal necesario y por eso deben limitarse a las tareas que solo ellos, más o menos, pueden hacer. Ahí están los ejemplos de las empresas llamadas públicas, Pemex por ejemplo debe en total más de 50 mil millones de dólares, la CFE debe unos 24 mil millones de dólares, la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México le costó al contribuyente 331 mil millones y el de Santa Lucía pierde 4 millones de pesos al día, sin contar los subsidios que le da el gobierno con dinero del contribuyente. En suma, todos esos negocios del gobierno son un fracaso total en términos de servicio, de competencia, de calidad y deficiencia, lo que el Estado necesita, en suma, es una gestión altamente eficiente, un corpus normativo y regulatorio sólido, organismos técnicamente competentes y estables en el tiempo, mecanismos robustos de transparencia y evaluación y rendición de cuentas exigente y rigurosa, nada más, pero nada menos, tampoco.
