Cuando terminaba de escribir esta columna, el presidente de Perú, José Jerí, anunció en un mensaje a la Nación, breve por cierto porque duró solo 57 segundos, que se iba a declarar a Lima y el Callao en Estado de Emergencia por un plazo de 30 días. Un anuncio ya adelantado por su primer ministro Ernesto Álvarez hace algunos días en un intento por mostrar alguna acción concreta para darle lucha a la ola delincuencial que agobia a los peruanos.
Tras el discurso de Jerí se publicó el decreto supremo con las medidas que se efectuarán por un mes. Entre ellas se destaca la colaboración de los militares y serenos municipales hacia la policía para garantizar el orden interno, continuos operativos de identidad, restricción de visitas en los penales, prohibición de circulación de dos personas en motos, y limitación a la libertad de reunión y de tránsito. Esto último resulta muy peculiar.
El Gobierno peruano coloca este punto en su decreto de Estado de Emergencia en un intento por evitar la segunda marcha nacional convocada por la llamada ‘Generación Z’ para este sábado. Movilización ciudadana que se repite tras la primera que se registró hace una semana y que dejó lamentables consecuencias: la muerte de un artista urbano, quien fue asesinado por un policía, y decenas de heridos.
Más allá de que la gestión de José Jerí busque bloquear las manifestaciones en Perú, lo que ocurre acá es que se apele a una medida desfasada y populista como el Estado de Emergencia que simplemente ya fracasó en el pasado. No tuvo éxito y tampoco resolvió el problema de la inseguridad. Durante la administración de la vacada expresidenta Dina Boluarte se abusó de esta figura constantemente desde el Ministerio del Interior.
En septiembre del 2023 se declaró inicialmente en emergencia a varios distritos de Lima y el Callao por 60 días. Hubo prorrogas posteriores, pero el saldo final de muertos en aquel año ascendió a 1509. Después, en el 2024, ante el avance impune del hampa, se volvió a la figura, pero el resultado fue mucho peor: 2069 asesinatos.
Este 2025 se amplió por tercera vez el Estado de Emergencia. Fue en junio, pero un mes después ya teníamos una cifra de que la situación no cambió en nada: 1193 asesinatos. En agosto se cerró con 205 víctimas más. Es decir, los crímenes no pararon y, por el contrario, se incrementaron con mayor ferocidad. Entonces, la pregunta se cae de madura: ¿por qué se insiste en una medida que simplemente no contribuye en nada a restablecer el orden en las calles?
Lo que debería hacer el presidente Jerí es primero derogar las ocho leyes aprobadas en el Parlamento, en las cuales él respaldó con su voto, que favorecen a las bandas criminales y que debilitó la acción de la justicia en Perú.
Entre ellas la que le quita la facultad a la Fiscalía para llevar adelante una investigación de manera preliminar, la que bloquea los allanamientos contra los delincuentes, la que elimina la detención preliminar en caso de flagrancia, la que bloquea la colaboración de personas, que reconocen sus delitos, ante las autoridades, la que impide la incautación de materiales usados para la minería ilegal y los bienes de las organizaciones delictivas obtienen fuera de la ley.
Si esas normas siguen vigentes, ninguna de las medidas ejecutadas por Jerí tendrá éxito. No se aborda el problema de fondo que los criminales apelan a estas leyes para evadir cualquier indagación o detención que las autoridades determinen. Tienen todas las de ganar. Son detenidos unas cuantas horas porque finalmente recobran su libertad, continúan extorsionando y matando con total desparpajo.
Después, el Ejecutivo peruano debería otorgar un mayor presupuesto en reforzar la inteligencia policial. En junio, el exministro del Interior del gobierno de Boluarte, Carlos Malaver, dijo que se iba a invertir 50 millones de soles dentro del llamado plan Perú Seguro.
Con esta partida, la Policía peruana tendría las herramientas necesarias y modernas, como mayor tecnología, videovigilancia y el uso de la Inteligencia Artificial, para anticipar y desarticular a las bandas criminales locales y transnacionales que operan en el país. Tanto fuera como dentro de las cárceles que se convierten en centros de operaciones del crimen.
Pero en paralelo urge una reforma al interior de la Policía peruana. Depurar a los malos elementos. No es posible que se tengan más de mil efectivos policiales en la cárcel o con procesos penales por sus nexos con delincuentes. No se puede luchar contra este flagelo si al interior de la institución existen aliados de criminales que proveen información sensible sobre las estrategias y los operativos que se piensan planificar y ejecutar.
Otra idea es la formación de un comando unificado en el que los mejores policías de las direcciones de investigaciones y fiscales trabajen conjuntamente para lograr resultados visibles. En esta idea también podrían incluirse a exmiembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN). Esta unidad de élite creada en los noventa dentro de la Policía peruana fue la responsable de la desarticulación de la organización terrorista Sendero Luminoso que acabó con la vida de 31 mil peruanos.
Con un comando unificado se puede identificar las zonas más críticas del Perú en las que las extorsiones, el sicariato y los atentados son situaciones de la rutina diaria. Así se pueden efectuar operativos y patrullaje permanente con la información que se tenga de la inteligencia policial que, como decíamos, debe contar con recursos importantes.
El clima de inseguridad que se percibe en Perú nos hace recordar a lo que se vivía en los años ochenta y noventa con el terrorismo. Ningún sector se salva. Colegios, transportistas, comerciantes, dirigentes sindicales, artistas, y hasta políticos son víctimas de la delincuencia. Apelar al populismo con el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno de Jerí no va resultar. Se necesita cambiar el chip y buscar otras medidas que tengan la efectividad inmediata en favor de la ciudadanía. Si ese mensaje no lo entiende el presidente Jerí, la crisis de inseguridad también podría acabar con su gestión como le pasó a su predecesora Dina Boluarte que tuvo 8 ministros del Interior que no pudieron resolver el problema.
