La campaña rumbo a las elecciones generales de 2026 ha dado inicio en Perú, marcando el comienzo de un proceso que se anticipa inédito, altamente polarizado y más fragmentado que el de hace cuatro años.
Un total de 39 partidos políticos comenzó a oficializar a sus candidatos para lo que serán las elecciones primarias entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de este 2025.
Se tiene previsto que en los comicios del próximo año haya 10 257 aspirantes que tentarán los diversos cargos en disputa: la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. La alta cifra de candidaturas podría haberse reducido si las agrupaciones de derecha, izquierda y centro formaban grandes coaliciones, pero no ocurrió así.
Solo tres alianzas electorales se llegaron a inscribir ante la autoridad electoral. Los demás partidos decidieron ir con sus propios cuadros. Como resultado, los peruanos acudirán a las urnas el 12 de abril de 2026 para elegir al nuevo jefe de Estado entre 39 candidatos, una cifra que supera ampliamente a los 23 y 20 aspirantes que se presentaron en 2021 y 2006, respectivamente.
El panorama es igualmente desalentador para el Poder Legislativo. Tras 34 años, vuelve el sistema bicameral. La Cámara de Diputados y el Senado tendrán —cada uno— 130 y 60 escaños. Se prevé que casi diez mil candidatos postulen para formar parte de alguna de las dos cámaras durante el quinquenio 2026-2031.
Además, más de 600 postulantes competirán por uno de los cinco cupos al Parlamento Andino, órgano internacional de la Comunidad Andina.
Estos números vislumbran un escenario desconcertante para el electorado peruano. Una situación que pudo evitarse. El actual Congreso —a solo nueve meses de culminar sus funciones— aprobó una reforma que, lejos de mejorar, genera menos competencia, representación y concentra mayor poder en las cúpulas de los partidos políticos.
Esta reforma desnaturaliza el espíritu de las elecciones primarias. Anteriormente, se estableció que estas fueran abiertas a la ciudadanía, simultaneas y que los candidatos debieran contar con un caudal de votos que los hiciera merecedores de representar a su partido.
Ahora, esto no es obligatorio. Los partidos pueden elegir a sus candidatos solo entre sus militantes o, incluso, a través de un mecanismo aún más reducido: un grupo limitado de delegados. Esto debilita significativamente el filtro ciudadano y la democracia interna.
Otro factor que contribuye a la alta fragmentación es que la mayoría de los cerca de 40 partidos políticos que competirán el próximo año son percibidos como vehículos de poder surgidos en los últimos años, que no ejercen una representación permanente ni sostenida ante la opinión pública.
Lamentablemente, en la actualidad solo se exigen requisitos mínimos para la inscripción de un partido ante la autoridad electoral como el número de firmas de adherentes y afiliados, estatuto y reglamento electoral, comités partidarios, además de designar a representantes.
Según el politólogo Martín Tanaka, el sistema de partidos políticos en Perú comenzó su colapso en 1980 y continuó hasta 1995. Con el nuevo siglo, la situación se volvió crítica porque, por ejemplo, las agrupaciones que llevaron al poder a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) desaparecieron tras dejar el Ejecutivo.
Frente al actual panorama, es previsible que muchos partidos desaparezcan debido a la alta fragmentación del voto. Se estima que solo cinco o seis agrupaciones lograrán alguna representación significativa en el Congreso, obligando a los demás a reinscribirse para seguir siendo parte del sistema.
Esta realidad debería motivar cambios urgentes en la ley orgánica de partidos políticos en Perú que permitan modificar y elevar los requisitos para la inscripción. De no ocurrir, la tendencia continuará: la aparición de partidos manejados por caudillos que controlan la financiación y reducen la organización a su mínima expresión, sin programas de gobierno que involucren a sus bases.
La falta de pluralidad y el escaso control generan un círculo vicioso para estas fuerzas políticas, que, en lugar de ser instrumentos genuinos de participación democrática, se convierten en meras plataformas circunstanciales para ocupar un cargo público a corto plazo.
