Ha transcurrido una semana desde que la ex primera ministra Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada de México en Lima. El lunes 4 de noviembre, el canciller Hugo de Zela anunció con "sorpresa y pena" la noticia, destacando que Chávez, procesada judicialmente por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, había ingresado a la sede diplomática.
El Gobierno del presidente José Jerí aún no ha otorgado el salvoconducto –documento temporal que permite la salida segura de un asilado– a Chávez. La situación está en punto muerto tras el anuncio del Ejecutivo de que iniciará consultas con los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para modificar la Convención de Caracas de 1954 en lo referente al asilo diplomático.
Más allá de esta movida en el sistema interamericano, la controversia generada por un personaje como Betssy Chávez distrae la atención de problemas más urgentes para el país, como la creciente inseguridad ciudadana. Este conflicto diplomático, originado por la exprimera ministra, ha coincidido con la ruptura de casi 203 años de relaciones diplomáticas entre Perú y México, dos naciones hermanas, cuyo intercambio comercial superó los 1,770 millones de dólares en lo que va del 2025.
Si nos basamos en la normativa internacional y constitucional, Betssy Chávez debería recibir el salvoconducto y partir a México. Así lo exige la Convención de Caracas y el artículo 36 de la Constitución Peruana, que establece que “el Estado acepta la calificación del asilado otorgada por el gobierno asilante”.
Mantener a Chávez en una situación precaria dentro de la embajada mexicana solo sirve para victimizarla y alimentar su narrativa de ser una "perseguida política", un argumento que carece de sustento. Además, la falta de acatamiento de la convención expone a Perú a un litigio internacional innecesario con México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tal como advirtió el excanciller Francisco Tudela en los últimos días.
Si bien la consulta de Perú ante la OEA sobre la Convención de Caracas no tendrá un efecto retroactivo en el caso de Chávez, es fundamental que siente un precedente: la institución del asilo no debe ser utilizada como un mecanismo de impunidad por figuras que buscan evadir la acción de la justicia.
Es cierto que México tiene una larga y respetable tradición de otorgar asilo, pero lamentablemente se equivocó al concederle este estatus a Betssy Chávez. La exprimera ministra no es una perseguida política, como insisten sus
defensores en Perú y el Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Por el contrario, Chávez optó por refugiarse en la embajada para evitar una virtual condena de 25 años de cárcel efectiva solicitada por la Fiscalía por los delitos de conspiración y rebelión, acusada de ser coautora del mensaje golpista leído por Pedro Castillo.
La justicia peruana ha garantizado el debido proceso para Betssy Chávez, pero la exparlamentaria ha convertido su caso en un show mediático y patético. Desde prisión, denunció ser víctima de chantaje sexual, maltrato y hostigamiento, acusaciones que fueron negadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con base en informes oficiales. Incluso fue señalada de gozar de privilegios y generar conflictos en el penal donde cumplía su detención.
Tras ser liberada en septiembre mediante un polémico fallo del Tribunal Constitucional, Chávez ha incumplido sistemáticamente las normas de conducta impuestas por la justicia para afrontar su juicio oral. Antes de su asilo, no asistió a cuatro audiencias del Poder Judicial y permanecía con paradero desconocido.
Betssy Chávez, quien en una entrevista de 2023 se comparó con Nelson Mandela y anunció que sería presidenta del Perú, simboliza la farsa hecha persona y a una izquierda que, tras el desastroso gobierno de Pedro Castillo, pretende dar lecciones de moralidad y lucha contra la corrupción.
Afortunadamente, en cinco meses habrá elecciones en Perú. Los electores tendrán la oportunidad en las urnas de castigar a aquellos políticos como Chávez que, jurando salvar al pueblo del statu quo tradicional, terminaron envueltos en la podredumbre de la corrupción y el golpismo institucional.
