El inicio de la campaña electoral en Perú ya está a la vuelta de la esquina. Hasta este martes 23 de diciembre, las 37 organizaciones políticas vigentes deben formalizar la inscripción de sus listas para la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. En una columna anterior describí que se tiene la proyección de más de diez mil candidatos, lo que configura un escenario de fragmentación sistémica y confirma una grave atomización de la oferta electoral. Sin embargo, otros factores también saltan a la vista que se deberá tomar en consideración.
Es altamente probable que los candidatos que accedan a una eventual segunda vuelta lo hagan con niveles de respaldo históricamente bajos. Los resultados de las distintas encuestas actuales reflejan esta preocupante tendencia: el actual puntero, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, llega apenas al 10%. De ahí le siguen varios postulantes con márgenes de entre el 2% y el 7%. Cifras ínfimas si se comparan con el más del 50% de la población que no sabe por quién votará y tiene poco interés en el próximo proceso electoral peruano.
Este fenómeno de desafección constituye un entorno propicio para el surgimiento de un outsider que pueda canalizar el malestar y el hartazgo de la ciudadanía por la crisis de inseguridad que el Perú padece en estos momentos. El candidato que ofrezca mano dura contra el crimen organizado y restablecer el orden bajo el manto de la ley tendrá grandes chances de ganar. Ya se ha visto en otros países de la región, como El Salvador, que los electores tienden a favorecer liderazgos que prometen soluciones directas y radicales. En la baraja de candidatos hay dos exmilitares y héroes de la patria como los congresistas Roberto Chiabra y José Williams, quienes registran poco apoyo en las encuestas.
El voto identitario y regional será decisivo. En 2021, este factor permitió el ascenso sorpresivo del expresidente Pedro Castillo, cuya historia de vida conectó con las zonas más pobres del país que lo apoyaron en masa en la última semana previa a la primera vuelta sin que las encuestadoras lo hayan identificado. En este proceso hay candidatos de derecha, centroderecha, centroizquierda e izquierda. Quien se imponga en ciudades como Cusco y Arequipa, ubicadas en el sur peruano, donde ha predominado un voto de protesta que suele castigar al centralismo de Lima, tendrá medio boleto para estar en Palacio de Gobierno.
El dominio del Congreso es también un asunto crucial, especialmente con el retorno del sistema de la bicameralidad tras 24 años. Los candidatos presidenciales deberán entender que sobrevivir políticamente al próximo quinquenio dependerá también de lograr una importante y cohesionada bancada de diputados y senadores en el Parlamento que sirva ante intentos de vacancia promovidos por la oposición, confrontaciones institucionales y bloqueos sistemáticos que han caracterizado los últimos periodos presidenciales.
Lo descrito resulta fundamental porque el próximo presidente, aparte de luchar contra la inseguridad, se abocaría a resolver el enorme deterioro institucional por leyes aprobadas en el Congreso que debilitan el accionar de la justicia y generan un grave perjuicio económico a las arcas estatales. El aspirante presidencial, que incluya la derogación de estas normas lesivas en su propuesta política, va generar una expectativa en la población que lo posicionaría como una alternativa nueva y no ligada al establishment tradicional corrupto que no desea cambiar nada para resguardar sus intereses.
De otro lado, el postulante que ofrezca detalladamente cómo se harán las tan mentadas y necesarias reformas de fondo para garantizar acceso universal a salud de calidad y erradicar la desnutrición infantil, educación escolar y universitaria para todos, una legislación inclusiva que incorpore al mercado a cientos de miles de empresarios que trabajan en la informalidad, e impulsar un shock de proyectos de infraestructura moderna, también tendrá alguna opción de ganar. Claro, esto debe ir de la mano con la presentación de quiénes integran su equipo técnico que potencialmente se conviertan en futuros ministros de Estado.
Más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas el 12 de abril del 2026. Aún falta mucho, pero en las siguientes semanas serán fundamentales para ejercer una rigurosa vigilancia ciudadana para que los candidatos que desean llegar a la presidencia o al Congreso rindan cuentas de sus antecedentes y potenciales conflictos de interés. De esta manera se evitará aventureros o personajes con cuestionados perfiles entren al aparato estatal para gobernar o legislar en función a sus intereses.
