Pese a que los 39 partidos políticos peruanos habilitados para las elecciones generales del 12 de abril de 2026 aún se encuentran en la fase de definir a sus candidatos a la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino, la antesala de la campaña electoral ya registra actos de violencia extremadamente preocupantes. Estos incidentes podrían significar una escalada de ataques en los próximos meses.
La gravedad del asunto ya quedó expuesta con lo ocurrido el último martes 2 de diciembre cuando se conoció que el exministro Rafael Belaunde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaunde Terry y candidato presidencial de la agrupación de centroderecha Libertad Popular, sufrió un atentado en una provincia al sur de Lima. Un sujeto interceptó su vehículo y le disparó cuatro veces.
Afortunadamente, Belaunde salió ileso, sufriendo únicamente heridas leves que no comprometieron su vida. El caso ha sido tomado por las autoridades para realizar la investigación correspondiente. Sin embargo, esta suerte no acompañó a otros aspirantes. Percy Ipanaqué, un precandidato a diputado por la región Piura de la agrupación izquierdista Juntos por el Perú, fue asesinado de siete balazos por sicarios mientras se encontraba conduciendo su vehículo.
El ataque contra Belaunde y el homicidio de Ipanaqué no solo son ingredientes que reflejan y consolidan la percepción de enorme inseguridad que golpea al Perú, sino también son la constatación de que la violencia también puede alcanzar a la política. Era cuestión de tiempo para que el crimen organizado —que opera diariamente a través de la extorsión, el sicariato y el control de territorios— dirigiera su mira contra figuras públicas que están a punto de iniciar su campaña electoral.
En los próximos días, los más de diez mil aspirantes que competirán en este proceso intensificarán sus actividades proselitistas: recorrerán plazas y calles de distritos y provincias, participarán en mítines, y brindarán entrevistas a distintos medios de comunicación. Así, tendrán una presencia mediática que podría convertirlos en blancos para cualquier grupo criminal.
Ante esta inminente exposición urge que el Gobierno de José Jerí garantice la protección de todos los postulantes a la presidencia de la República para que no haya un nuevo atentado similar al caso Belaunde. Los protocolos de seguridad que se implementen deben ser rigurosos, estrictos y preventivos a fin de salvaguardar la integridad de los candidatos y la legitimidad del proceso electoral.
Si no se ejecutan con prontitud estas medidas cruciales, el Perú corre el grave riesgo de vivir tragedias políticas que han enlutado a la región en los últimos años como lo sucedido en Colombia, donde en agosto de 2024 el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue herido tras recibir tres disparos durante un discurso en Bogotá, o el caso más dramático de Ecuador en agosto de 2023, cuando el periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros por sicarios al salir de un mitin en Quito.
Si se busca un precedente más atrás que ilustre los riesgos de la violencia política, se debe recordar la campaña electoral de Colombia en 1990, en la que tres candidatos a la presidencia —Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro— fueron sistemáticamente asesinados en un período de menos de ocho meses.
El Perú está ante un escenario en el que el próximo proceso electoral podría ser el más violento de su historia reciente, cuando en realidad la campaña debería estar enmarcada por la exposición de propuestas coherentes y viables de los candidatos para resolver los grandes problemas que persisten como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
El miedo y la violencia generada por el crimen organizado no deben contaminar el proceso electoral que se viene en Perú, porque el futuro democrático del país depende de la capacidad del Estado para garantizar que las ideas, y no las balas, definan quien deberá llevar el destino de 30 millones de peruanos en los próximos cinco años.
