En los últimos días, el presidente José Jerí comenzó a viajar a las regiones de Perú aprovechando que distintas encuestas le dan más del 50% de aprobación. Su primer destino fue la ciudad de Huánuco, donde comenzó su estrategia de ganarse esa legitimidad como jefe de Estado que no le fue concedida por la población en las urnas, sino por el Congreso que vacó a la exmandataria Dina Boluarte.
Sin embargo, el problema del recién iniciado tour regional de Jerí —que durará aproximadamente tres meses antes de que la campaña electoral sea el foco de atención en el verano del 2026— contrasta lamentablemente con el clima de inseguridad que aún se percibe en las calles y no parece tener una solución a la vista. Los casos de extorsión y sicariato continúan.
Juan Carbajal, un reconocido analista de datos, reveló en su cuenta de X que se ha registrado 213 asesinatos a nivel nacional desde que el presidente Jerí asumió las riendas del Ejecutivo. Según el experto, la cifra mencionada es muy alta comparada con los gobiernos que vienen desde el 2017. Entonces, podríamos decir que la violencia no ha cesado, incluso, con el cambio en el gobierno.
La administración de Jerí, para enfrentar la ola de criminalidad, dispuso en octubre declarar en Estado de Emergencia a Lima y el Callao por 30 días. El último jueves 20 volvieron a prorrogar esta medida por un mes. Además, se informó que usarán mapas del delito, estadísticas y toda la información de inteligencia para ubicar los lugares más peligrosos y actuar rápido.
En una columna anterior señalé que se persiste en el error de decretar el Estado de Emergencia sin una estrategia organizada para desarticular las redes criminales nacionales e internacionales. La creación de una división policial especializada en luchar contra la extorsión es insuficiente si no se acompaña de golpes inmediatos y certeros contra estas bandas criminales.
Ante la ausencia notoria de logros concretos contra el crimen organizado, el presidente Jerí evita detallar el balance preliminar de su gestión en esta materia. En lugar de eso, lo vemos respondiendo a críticos en X, realizando recorridos en cárceles y en operativos policiales, y participando en colegios para cantar el himno nacional. Además, se muestra reacio a responder sobre cuándo revisará las leyes aprobadas por el Congreso que favorecen a los delincuentes.
La última medida de Jerí ha sido la presentación un proyecto de ley para delegar facultades legislativas al Ejecutivo por 60 días en temas seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, promoción de una economía responsable y el fortalecimiento institucional. Sobre el primer punto, plantea la creación del subsistema especializado contra la extorsión y delitos y la implementación de una brigada canina de seguridad penitenciaria.
Además, Jerí mete de contrabando la posibilidad de crear un delito por la revelación de información reservada, lo que podría afectar directamente el trabajo de la prensa y el acceso a datos de interés público. Eso sería muy grave y los gremios de prensa ya han mostrado su rechazo ante el intento de impactar en la cobertura periodística de casos de corrupción o crimen organizado.
Sin embargo, el Congreso le otorgará seguramente las facultades para legislar a la administración de Jerí. Aunque, nada garantiza que las leyes que piensan presentar terminen por reducir la crisis de inseguridad. Ya se ha comprobado que el Estado de
Emergencia, la primera acción que tomaron, es un fracaso evidente porque los transportistas, comerciantes, dirigentes sindicales, artistas, y hasta políticos siguen siendo víctimas de la delincuencia.
Si este escenario de incertidumbre se mantiene, el presidente Jerí debe saber claramente que podría tener el mismo destino que su predecesora, Dina Boluarte, quien repetía que se iba a quedar hasta el 28 de julio del 2026. Finalmente, no ocurrió así porque ahora es una ciudadana más sin poder político. Debería dejar el show mediático y cumplir realmente el lema de su gobierno ‘de la defensiva a la ofensiva’ para mostrar resultados que, hasta el momento, no tiene contra el crimen organizado
