Las leyes nacen de una necesidad colectiva que se pretenden solucionar. En contraste, la actual reforma judicial nació de una venganza, lo cual la pone en la posición de “viciada de origen”.
La decisión del presidente López Obrador de proponer la reforma judicial recordemos que nació como respuesta a la negativa de los ministros para ratificar al ministro Arturo Zaldívar por un periodo de dos años más en la presidencia de la SCJN, que él mismo había propuesto.
La ministra Norma Piña desde su llegada a la presidencia de la SCJN no se quiso someter a las “recomendaciones” que sí escuchaba el ministro presidente Arturo Zaldívar, lo cual tensó aún más el conflicto.
Evidentemente la venganza de López Obrador en contra de un Poder Judicial incómodo y una Suprema Corte independiente, detonó este legado destructivo.
La venganza no estaría completa si no llevase además la remoción de los ministros adversarios, lo cual se aderezó convenientemente con la propuesta populista de someter a votación los relevos, y de plano, -para tomar control absoluto-, que también se renovaran jueces y magistrados.
No se entendería esta reforma si no hubiese estado asesorada por alguien que conocía perfectamente las entrañas del Poder Judicial, como lo es Arturo Zaldívar.
Por ello, una reforma que tienen un origen tan impuro como una venganza, no puede generar nada positivo.
No se realizó esta reforma para mejorar los procesos judiciales, -que evidentemente deben modificarse, pues actualmente permiten abusos y corrupción-, sino para tomar control de todo el aparato judicial.
La presidenta Sheinbaum destacó varias razones clave para justificar la necesidad de esta reforma: “corrupción y nepotismo, imparcialidad de la justicia, exceso de facultades de la Suprema Corte”. Sin embargo, estos temas no parecen ser del interés de la ciudadanía, que espera algo tan concreto y cotidiano como una justicia equitativa que proteja a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Esta declaración de la presidenta hace evidente que el corazón de la reforma es el control político del país. Sin embargo, ¿Dónde están las acciones que garantizarán juicios donde la razón esté de parte de la víctima y no del victimario con poder? ¿Con qué mecanismos se evitará la corrupción durante los juicios? ¿Cómo garantizar que
el crimen organizado no esté en contubernio con autoridades judiciales? ¿Cómo se evitarán detenciones arbitrarias? Y algo grave, -que hoy es cotidiano-, es la falsedad de declaraciones a lo largo de los procesos judiciales, lo cual se practica con total impunidad.
En los anteriores cuestionamientos está el centro de la confusión: los mayores y más graves agravios contra el ciudadano no se dan por parte del Poder Judicial Federal, sino por las policías y las agencias del ministerio público, que dependen de municipios, gobiernos estatales y las fiscalías.
En el momento más inoportuno de la historia de México, -con una delincuencia creciente por todo el territorio nacional-, esta reforma traerá descontrol y caos, simplemente por el proceso de aprendizaje de los nuevos funcionarios judiciales, lo cual abrirá las puertas a los intereses más oscuros, aprovechando la falta de experiencia de los que llegan.
Hasta hoy la renovación de funcionarios del Poder Judicial opera de modo orgánico y paulatino a partir de jubilaciones, fallecimientos o remociones por causas justificadas. Ahora veremos una remoción masiva.
Para esta elección en las listas encontramos algunos excelentes perfiles. Sin embargo, aunque traigan preparación y buenas intenciones, no tendrán la experiencia en el cargo y la curva de aprendizaje de tantos nuevos funcionarios, traerá altos costos.
Tan está viciada de origen esta elección de funcionarios por medio del voto ciudadano, que contradice la estructura del concepto “estado”.
El Poder Legislativo tiene la representación de toda la ciudadanía y por ello se “vota”. Por tanto, considerando que algunos legisladores puedan llegar al cargo sin experiencia legislativa y se enfrenten al reto de legislar sobre temas especializados, cada uno de ellos tiene asignado un equipo de asesores experimentados y con preparación académica y técnica, que son quienes les preparan sus propuestas. Además, éstos les orientan sobre los temas que serán tratados en el pleno. De este modo, el legislador aporta su criterio y conocimiento personal sobre las necesidades y expectativas de la comunidad a la que representa y el aporte técnico se lo proporciona su equipo de asesores.
A su vez, el Poder Ejecutivo busca los mejores perfiles para la ejecución de la administración pública y por ello se vota, consolidándose así los ideales democráticos.
Sin embargo, el más complejo es el Poder Judicial, que debe generar equilibrio entre los tres.
El Poder Judicial no debe representar los intereses del ciudadano, pues para ello está el Poder Legislativo. Estos juristas deben llegar al cargo después de una fructífera carrera judicial, avalados por méritos profesionales.
A final de cuentas el Poder judicial, -como institución que administra la procuración de justicia en el país-, requiere de conocimiento jurídico y experiencia que asegure eficiencia y eficacia. Por ello no debe llegar al cargo el candidato más popular, sino el más capacitado, -quien además-, debe garantizar solidez moral y compromiso ético.
Por tanto… ¡la justicia no se vota!
ABUSO DEL PODER
Las disculpas públicas exigidas por Fernández Noroña al ciudadano Carlos Velázquez de León representan abuso de poder. El altercado que ambos sostuvieron hace unos meses en una sala del aeropuerto fue un hecho del ámbito privado. Sin embargo, Noroña armó un ofensivo espectáculo mediático llevando a su interlocutor al Senado de la República donde hizo gala de su poder.
La coacción se logró a través de una demanda ante tribunales, que sólo se podría desactivar si Velázquez de León ofrecía disculpas públicamente. Por tanto, el poder político fue utilizado para humillar a un ciudadano.
Los insultos del ciudadano podrían haber merecido disculpas, pero ofrecidas en privado hubieran bastado. Sin embargo, la ostentación de poder es indignante.
Define la nueva moral política.
DOS CRÍMENES POLÍTICOS
La violencia política ya tiene mucho tiempo en este país. Sin embargo, siempre había estado operando en ámbitos lejanos. No fue sino hasta cuando las víctimas fueron dos colaboradores muy cercanos al afecto de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando la violencia impactó al más alto círculo del poder de este país.
Ni la macabra imagen de la cabeza cercenada del alcalde de Taxco, Guerrero, -Alejandro Arcos-, a sólo seis días de haber entrado en funciones en octubre del 2024, tuvo este impacto, ni tampoco los asesinatos de candidatos en campaña, que se han vuelto parte de la cotidianeidad del contexto electoral.
La violencia política ha estado en la periferia del poder y por ello no ha tenido el impacto público que tuvo este lamentable crimen de Ximena Guzmán, -secretaria particular de Clara Brugada-, y José Muñoz, -su coordinador de asesores-, hecho que lleva implícito una amenaza directa al Estado Mexicano.
A este clima de violencia política se suma el asesinato en Jalisco, de los colaboradores de la Embajada de Estados Unidos, César Gustavo Guzmán y Carlos Amador Chavela, quienes poco antes habían impartido un curso en la Universidad Policial.
LA CALIDAD MORAL DEL MAGISTERIO
Ahora que la CNTE realiza actividad sindical violenta en la Ciudad de México, no sobra preguntarnos con qué autoridad moral estos maestros educan a nuestros niños y jóvenes, y que tanta responsabilidad tienen en la crisis moral que hoy se cierne sobre nuestro país.
Los valores morales del educando terminan siendo un reflejo de los valores morales de quien le forma durante sus primeros años de vida.
Es innegable que aún existen maestros con vocación magisterial. Sin embargo, los que hoy están en la calle generando caos vial son muchos y son un pésimo ejemplo para un país con un sistema educativo en crisis. Las evaluaciones internacionales lo definen.
