La violencia política de género se ha convertido en el recurso más poderoso para silenciar a alguien, o para negociar políticamente.
Es un gran argumento para silenciar a los críticos.
Durante las pasadas elecciones para renovar alcaldías de la Ciudad de México, la Cuauhtémoc estuvo a punto de resolverse no en las urnas, sino jurídicamente, con base en la denuncia que presentó Caty Monreal en contra de Alessandra Rojo de la Vega por violencia política de género.
Cuando dos mujeres se confrontan ¿es válido que alguna de ellas argumente violencia política de género por parte de su congénere?
A su vez, la influencer y actriz Laisha Wilkins fue demandada por violencia política de género por un comentario sarcástico que publicó en redes sociales en contra de una candidata que pretendía un cargo en las pasadas elecciones judiciales.
También Karla María Estrella, -una ciudadana usuaria de redes sociales-, fue sancionada por el TEPJF por sugerir en la red social “X” que Sergio Gutiérrez Luna, -actual presidente de la Cámara de Diputados-, influyó para obtener del PT una candidatura para su esposa, pues se interpretó que este comentario equivalía a minimizar los méritos profesionales de la hoy diputada federal.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ¿tendrá facultades para censurar a una ciudadana por violencia política de género en contra de una candidata? … El rol de este tribunal, -por lógica-, se circunscribe a garantizar equidad en las elecciones. ¿Por qué entonces se convierte en censor de la libertad de expresión?
Este argumento, y todos los que se refieran a supuestas agresiones en contra de la reputación de un funcionario público, -o de algún político-, servirán en el futuro para frenar cualquier legítima exigencia ciudadana de rendición de cuentas.
Preservar el derecho que toda mujer tiene a ser respetada en su dignidad, -así como proteger sus derechos políticos-, es una responsabilidad que a todos los mexicanos nos compromete. Sin embargo, el abuso de este recurso en el ámbito jurídico traiciona el espíritu de esta legítima causa.
De este modo vemos que la manipulación de este concepto jurídico llega ya a límites insostenibles, que pueden concluir en el futuro, en estimular el delito de extorsión.
Es urgente delimitar el alcance de la figura de la “violencia política de género”, describiendo con precisión las condicionantes que permitirán a las autoridades competentes configurar esta falta, y no dejarla abierta a la interpretación subjetiva, que se presta al abuso.
Las leyes para que sean justas deben ser equitativas y no deben prestarse a configurar las faltas o delitos a partir de las circunstancias particulares de la interpretación de la víctima.
La interpretación jurídica para que sea justa, debe ser objetiva.
EL CASO KOLDO SALPICA A MÉXICO
Un gran escándalo de corrupción recorre España, pues funcionarios del gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez, -quienes además de ser cercanos colaboradores de él son viejos amigos-, salpica a México.
Periódicos españoles prestigiados como el ABC y La Razón han destapado un nuevo caso de corrupción en ese país, que involucra a José Luis Ábalos, -ministro de Fomento de ese gobierno-, a Koldo García, -su asesor y principal operador de esta red de corrupción-, y un empresario español que forma parte de este clan, Víctor de Aldama, quienes visitaron México en febrero del 2019 para negociar contratos con el nuevo gobierno de la 4T.
Poco después se les asignaron obras del Tren Maya que fueron canalizadas a través de la empresa pública española INECO y de dos empresas privadas ibéricas que formaban parte de este grupo.
Ábalos declaró ante autoridades judiciales de su país haberse reunido durante ese viaje con el secretario de comunicaciones y transportes de la 4T Javier Jiménez Espriú y con Ricardo Monreal para iniciar negociaciones.
En diciembre del 2020 recibieron un contrato por 13.2 millones de euros para trabajar en el Tren Maya y en mayo de ese año ya habían recibido otro por más de 10 mil millones de pesos, obra que terminó duplicando su costo hasta llegar a los 23 mil millones de pesos. A partir de ahí hubo más contratos.
Ante las evidencias surgidas durante las investigaciones judiciales el presidente Pedro Sánchez tuvo que salir a dar la cara por este escándalo, reconoció los hechos y ofreció disculpas al pueblo español.
Esto nos muestra a los mexicanos lo importante que es tener un Poder Judicial verdaderamente autónomo, -como el español-, que hizo su trabajo con responsabilidad y ética, enfrentando al mismo presidente del gobierno.
En contraste en México, este nuevo Poder Judicial “nombrado por el pueblo” a través de los famosos acordeones, seguramente terminará siendo doblegado por los funcionarios de este gobierno y nunca más tendremos acceso a investigaciones reales que evidencien casos de corrupción. Esta es la dimensión de lo que hemos perdido con esta reforma judicial.
De este modo veremos que este escándalo que hoy tenemos, -de huachicol fiscal, lo mismo que el caso de corrupción de Birmex en la compra de medicinas-, terminarán en la opacidad y la impunidad, igual que sucedió con Segalmex durante el gobierno de López Obrador.
Se está juzgando a funcionarios menores como chivos expiatorios mientras los verdaderos autores intelectuales del fraude por 14 mil millones de pesos ni siquiera han sido investigados, pues en su momento fueron exonerados en las mañaneras sin tomar en cuenta que un fraude de esta dimensión, -por un monto tan exorbitante-, difícilmente pasa desapercibido.
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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross
