En la Grecia clásica ya se hablaba de la existencia de un orden que debían respetar las leyes. El poeta Hesíodo, en el siglo VIII antes de Cristo, denominaba a ese orden “nomos” y a las leyes que lo reconocían “dike”, que significa “derecho”. Sócrates llamó a ese orden “ethos”. En base a esa concepción, puso en duda la legitimidad de las leyes promulgadas por los tiranos. Platón calificó como “derecho aparente” o “falso derecho” a las leyes que se apartan de ese orden universal.
Aristóteles señaló que ese orden es parte de la naturaleza humana, común a todos los hombres. El jurista romano Gayo lo llamó ius gentiun, derecho de gentes. La filosofía cristiana parte del derecho natural para explicar la dignidad del ser humano. Al derecho natural lo considera por arriba del derecho positivo o ley.
Condicionar el cumplimiento de la ley a los derechos fundamentales del ser humano, ¿viola el principio de “certeza jurídica” y deja el cumplimiento de la ley al criterio o interpretación del juez?
Para responder acertadamente a esa interrogante debemos acudir a la noción de justicia, y partir de la premisa de que la función esencial del juez es impartir justicia, no solo hacer cumplir la ley. Si la función de los jueces fuera únicamente garantizar el cumplimiento de la ley, no serían necesarios; con la policía sería suficiente. La función fundamental de los jueces es castigar a quien violó los derechos fundamentales de otro: vida, propiedad y libertad; no aplicar leyes injustas que violen alguno de los tres derechos fundamentales del ser humano.
Una cosa es decir que “la ley es dura, pero es la ley” (dura lex, sed lex, decían los juristas romanos) y otra que, aunque la ley sea injusta, hay que cumplirla. Hay regímenes que se dicen democráticos y presentan formalmente una división de poderes, pero en la realidad, un pequeño grupo o un dictador disfrazado de presidente constitucional, manipulan la creación de leyes de tal forma que le dan poderes ilimitados sobre la vida, patrimonio y destino de los ciudadanos. Muchos dictadores y gobernantes que se dicen fruto de una democracia, engendran leyes que les permiten violar impunemente el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad.
