En los gobiernos principiantes suele darse un fenómeno que consiste en tomar decisiones un poco apresuradas, sin estudiar debidamente los datos, evidencias, precedentes y el impacto que tienen para la comunidad.
Este es justamente el caso del impuesto que el gobierno municipal, los regidores de Aguascalientes y los diputados locales del PAN quieren establecer o revivir para cobrar el 1.2% sobre las herencias o las donaciones de una propiedad, casa o terreno, que las personas quieran dejarle a sus hijos, esposos u otros parientes directos. En la práctica es, como se le ha llamado, en otras partes, un impuesto a la muerte, los argumentos esgrimidos por el municipio son básicamente dos: 1. Es que es una medida de control sobre propiedades que no tienen un avalúo catastral actualizado, y siguen pagando el predial como si fuera un terreno vacío. 2. Es que necesitan dinero porque este año no recibieron 50 millones de pesos de la Federación que ya se tenían presupuestado; sin embargo, son indefendibles y hacen del impuesto a la muerte, una mala idea y me gustaría explicar por qué.
Los impuestos a las herencias fueron eliminados en México desde 1961, y en los últimos 20 años, en más de 30 o 40 países, han sido suprimidos o sencillamente nunca se introdujeron. En 2004 los quitó Suecia, años después, en Austria, Noruega, Israel, Australia, Canadá, Ecuador y varios países más. En septiembre de 2023 se suprimió en varias partes de España, y en 2024 lo eliminará Inglaterra.
En todas partes, el razonamiento ha sido el mismo, los bienes que se heredan ya pagaron otros impuestos a lo largo de la vida, como el de adquisiciones, el impuesto sobre la renta o el impuesto predial, además, solo un tercio de las personas termina pagándolo y le dejan muy poco dinero a los gobiernos, se calcula en muchos países que de cada 100 pesos que recaudan por todos los impuestos, solo entre 20 y 50 centavos venían por concepto de herencias, y por lo tanto era mejor eliminarlo, de hecho, el propio PAN pidió quitarlo en la Ciudad de México en 2018, y aquí sus diputados y sus regidores intentan meterlo. En segundo lugar, la actualización del valor catastral de una propiedad del que deriva el cobro del impuesto predial, es un proceso que si bien le toca al dueño, debe ser promovido y ejecutado por el municipio, como una política general para que entonces todos los propietarios paguen lo que corresponda, y no solo los que se mueren y heredan una propiedad, así se ha hecho en otras administraciones municipales. En tercer lugar, está mal diseñado, si lo que se pretende es recaudar más, empiezan mal, porque desde ahora el municipio está anunciando que los inmuebles de cierto precio paguen una cantidad fija, los que se pasen de ese precio pagarán otra, y además, ya están ofreciendo descuentos del 50%. Entonces saldrá más caro gestionar el impuesto a la muerte, que lo que se recaude por él, y si el razonamiento es que falta el dinero que no envió el gobierno federal, el municipio puede hacer ajustes por otro lado, para resarcir el agujero, por ejemplo, este año el municipio está gastando 267 millones de pesos en actividades que de acuerdo con el artículo 115 constitucional, no le tocan directamente, por ejemplo, una academia taurina, un departamento cultural que repite lo que hace el Estado, una oficina para enlaces ciudadanos, otra para algo que llaman “economía social”, y una más de turismo municipal, son algunos temas que no son competencia municipal, y sin embargo, gastan dinero en ellos.
Finalmente, hay un principio fundamental, que es que todo impuesto que se cobra debe estar justificado y razonado por la calidad, el uso y el destino concreto que se le vaya a dar a lo recaudado, y aquí no se dice en qué se piensa utilizar ni cuál es el beneficio que la población obtendrá. En suma, la moraleja es que hay que gobernar con base en evidencias, analizando datos, evaluando experiencias en otras partes, y estudiando a fondo las cosas, porque de otra forma, las buenas intenciones terminan en ocurrencias.
