Desde mayo pasado, la sociedad dio cuenta que “algo” ocurría con la creación de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024.
El proceso que, de acuerdo con la Ley General de Educación (LGE), debía seguirse para su integración no se estaba llevando a cabo.
Así que la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) levantó la voz y detrás de ella, lo hicimos los ciudadanos.
En ese mes, además de los apercibimientos del Poder Judicial al gobierno de México y a la Secretaría de Educación Pública –que a la larga recibieron como respuesta el desacato– desde Coparmex, nos pronunciamos con firmeza por la reposición del proceso para que se cumpliera lo estipulado en las normas y se preservara así el Interés Superior de la Niñez.
Nada pasó en “lo público”, pero sí en lo privado. La autoridad continuó con la elaboración de los materiales educativos sin acatar la LGE.
Hoy, tres meses después, la inconformidad social va en aumento. Primero, porque el proceso de ley, no se siguió. Segundo, porque tampoco se atendieron las disposiciones judiciales al respecto y tercero, porque la respuesta que algunos dan a las inquietudes sociales es que ésta es la Nueva Escuela Mexicana, donde las matemáticas “están integradas en todos los saberes” porque así ocurre en otros países a nivel mundial. Y no hay nada más alejado de la realidad.
Las naciones que ocupan los primeros sitios en educación de calidad privilegian en sus sistemas la enseñanza de las matemáticas, del lenguaje, de las ciencias. Esos países ven a la educación como lo que es: la única vía para alcanzar sociedades igualitarias e inclusivas, sin adoctrinamientos ni ambigüedades y sin distinción de clases.
Hace unos días, en un webinar organizado por la Comisión de Educación de Coparmex, que preside José Antonio Esquivias, y en el que participó como ponente Carlos Mancera, economista del ITAM y especialista en temas educativos, se planteó que uno de los efectos que se podrían presentar es la profundización de la brecha de conocimiento, que ya se venía teniendo por regiones.
A esto yo sumaría: la utilización de material con presuntas fallas significa un mayor decremento en la calidad de la educación en nuestro país, porque hay que recordar que la última prueba de Planea que se realizó en 2018 –antes de la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el único organismo autónomo cuya función era la de evaluar la educación pública y privada desde preescolar hasta el nivel medio superior– a estudiantes de 6º de primaria, reveló que 49 por ciento de los evaluados tenía un dominio insuficiente de lenguaje y comunicación y sólo el tres por ciento, tenía un dominio sobresaliente.
La misma consulta mostró que 59 por ciento de los evaluados, tenía un dominio insuficiente en matemáticas, contra sólo un ocho por ciento, que obtuvo un dominio sobresaliente.
Por ello, insisto, no podemos permitir que en México se implemente un sistema educativo que no contempla la opinión de expertos y de padres de familia, de las asociaciones públicas y privadas que han dedicado años de análisis y estudio a elevar la calidad educativa en el país. Si hoy se impone un modelo educativo acorde a estrategias que nada tienen que ver con la adecuada formación escolar, estaremos abriendo la puerta a agravios mayores a las infancias y a las familias.
Es fundamental que la voz de los padres de familia y de los expertos se escuche cada vez con más fuerza hasta que sea tomada en cuenta para la integración de materiales de apoyo, tal como lo marca la ley.
El Estado debe, sí o sí, permitir el involucramiento de las familias en la integración de materiales. Tenemos derecho a decidir cómo se forman nuestros hijos para que reciban educación de calidad y no sólo “educación” y así evitemos que se cumpla el viejo adagio que sentencia que, aquello que mal comienza, mal acaba.
