En los países que ofrecen la mejor educación del mundo está bien comprobado que uno de los factores más importantes para alcanzar los más altos logros de aprendizaje es la calidad de los maestros, y para llegar a ese nivel, hay evidencia suficiente que demuestra que es indispensable hacerlo mediante procesos competitivos, transparentes, abiertos y basados en el mérito y en la capacidad del aspirante.
Pues bien, hoy en México está sucediendo exactamente lo contrario, razón por la cual en los últimos cuatro años se han concedido 650 mil “basificaciones” que es el término que se usa para decir que se han entregado plazas docentes en muchos casos sin ningún filtro de calidad ni concursos de oposición validados por instituciones autónomas, independientes y técnicamente confiables.
Aún peor, es que reportes oficiales muy recientes del organismo que, en teoría reemplazó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, han reconocido que casi del millón y medio de maestros de educación básica que hay en el país, 156 mil no cuentan con licenciatura, esto es que carecen de un título universitario razonablemente garantice que son aptos para impartir clases en las escuelas públicas, por donde quiera que se vea esto no es solo una catástrofe, sino una verdadera estafa hacia los niños, hacia sus padres y hacia la sociedad y una grave irresponsabilidad de las autoridades educativas federales estatales y sindicales que han otorgado estas plazas a sabiendas de que no cumplen con las exigencias para ser maestro, ni tienen el perfil para entregar una enseñanza de calidad.
Las consecuencias son varias, pero se destacan tres: la primera es la abierta complicidad entre funcionarios educativos que le permiten a las secciones sindicales estatales, mantener secuestrada la puerta de acceso a la profesión docente, aumentar su control sobre el magisterio y con ello, el control de las cuotas sindicales que cada filial entrega al SNTE y que dicha organización maneja con absoluta discrecionalidad.
La segunda es que ese procedimiento tan opaco se convierte en un fuerte incentivo para la corrupción, es decir, para entregar plazas a personas que no tienen ninguna capacidad profesional para ser maestros o bien para venderlas en cifras que van desde los 130.000 hasta los 300.000 pesos, como han reportado frecuente los medios de comunicación de varios estados.
La tercera es que la falta de calidad del magisterio solo puede llevar a una pésima calidad de la educación que se imparte a los niños, lo que explica los malos resultados que México tiene en las distintas evaluaciones internacionales.
Hay que recordar que en el sexenio pasado, la reforma educativa introdujo verdaderos concursos de oposición transparentes y verificables para ingresar la carrera magisterial y las cifras son implacables de 2014 y 2018. Se presentaron y compitieron 800.6000 aspirantes a ser maestros en educación básica y en educación media superior, de estos aprobaron los exámenes 402.000 y de estos fueron finalmente contratados dependiendo del número de plazas disponibles alrededor de unos 200.000, es decir, ingresaron efectivamente como maestros uno de cada cuatro que se presentaron al concurso, lo cual permite su poder suponer válidamente que fueron contratados los mejores y la gran ventaja de este procedimiento. Numerosos estudios en el mundo han concluido que tener un maestro altamente competente o tener uno malo puede hacer toda la diferencia en la trayectoria educativa que los estudiantes sigan a lo largo de su formación
En conclusión, la pregunta es muy clara y no hay más que dos opciones: ¿se hace política educativa para ofrecer a los niños un servicio de calidad y excelencia?, o ¿se hace para rendirse ante los intereses y las complicidades de funcionarios y sindicatos? Esa es toda la disyuntiva.
