Todos los gobernantes acarician la fantasía de que su legado permanecerá para la posteridad, cualquier cosa que esto signifique, pero en la historia moderna pocos lo han conseguido.
Antes bien, como dice el proverbio bíblico, “si sembraron vientos, cosecharán tempestades”, por eso cuando el próximo primero de octubre tome posesión la nueva presidenta de México, ya sea una u otra, se encontrará con un regalo envenenado, o con varios en realidad, entre los cuales destaca, qué hacer frente al peligroso proceso de militarización que México está viviendo.
Déjeme explicarle un poco. Cualquiera de ellas dos tendrá que afrontar la disputa con dos nuevos actores de poder, presencia y recursos, que son las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, cuyos apaños y avenencia vienen sobre todo de estos años, y son impredecibles los perfiles y los rasgos que vayan a adoptar en el futuro inmediato, en eso no está nada claro el terreno que pisen.
Desde los años 40 del siglo pasado, los militares jamás habían tenido tanto poder, atribuciones y dinero como ahora. Los gobiernos de la post revolución los dejaron hacer a ciencia y conciencia, mirando para otro lado en la acumulación de capital, manteniéndolos a raya con la provisión de apoyos y recursos, por si tuvieran otras tentaciones, o incorporandolos de plano a la política partidista.
Recuérdese que el PRI tuvo un sector militar en el siglo pasado, todo lo cual ayudó a que en México no hubiera golpes de Estado. Los militares establecieron así, digamos un modus vivendi cómodo y rentable con los gobiernos civiles.
Pero con la militarización operada en estos años, México parece, como se decía en España durante la época del Franquismo, un país ocupado por su propio Ejército. Las Fuerzas Armadas controlan policías, carreteras, aduanas, bancos, una aerolínea, puertos, aeropuertos y un largo etcétera, que no devolverán dócilmente al mando civil, al menos por cuatro razones.
Una es que sus dominios actuales les dan un poder inédito, como lo evidenció el incidente durante la detención del exsecretario de la Defensa, Cienfuegos en los Estados Unidos.
Otra es que ese estatus les permite una gestión mayúscula de recursos públicos, y por ende acceso a negocios legales e ilegales, y extracción de rentas sin una fiscalización civil realmente exhaustiva.
Una tercera es que en caso de que mantengan ciertas operaciones que son financieramente deficitarias, como el aeropuerto nuevo, trenes, puertos, etcétera, necesitarán una gigantesca inyección de recursos adicionales del presupuesto federal con los que éste no cuenta.
Y por último, la más importante por su propia seguridad jurídica ante expedientes, acusaciones y hechos de presuntos abusos, corrupción e impunidad, que hasta ahora han mantenido blindados y reservados, tanto en el Sistema de Justicia Militar que es insondable, como los mecanismos de acceso a la información.
Suponer por lo tanto que del poder que ahora tienen, volverán a las más modestas tareas, aunque muy apreciables, de ayudar con la distribución de los libros escolares, de aplicar vacunas o de operar planes ante desastres naturales, es sencillamente una candidez.
Es por lo tanto, las candidatas tendrán que elegir la forma en cómo lidiar con este problema. La candidata oficial conoce la metástasis de la enfermedad y los intestinos de los arreglos, y por ende va a tener poco margen. La candidata opositora, en cambio, puede contar con un mayor espacio de acción y de libertad sobre la base, sencillamente de los instrumentos constitucionales para reordenar una situación que es por completo antinatural.
De la forma como manejen una u otra el problema, dependerá la paz y la seguridad de México en los próximos años, sin duda alguna.
