Hay un texto clásico en la literatura mexicana, donde se expone un problema de elemental justicia, que ilustra muy bien los dilemas del derecho y de la ley.
Cuenta la historia, que en una asamblea ejidal, un grupo de campesinos denuncia al cacique del pueblo, por una serie de abusos cometidos en su contra, y pide autorización para hacerse justicia propia mano, quienes presiden la asamblea creen que acceder a ello negaría la existencia de las instituciones encargadas de impartir justicia; sin embargo, estos campesinos ya habían requerido la intervención de las autoridades para remediar la situación sin que se les hubiera hecho ningún caso. Entonces, la asamblea autoriza a estos hombres a hacerse justicia por su propia mano, y el desenlace, como usted se imaginará, es fatal, pues bien, ninguna sociedad civilizada puede, en efecto, hacer justicia por su propia mano, sin cometer a su vez otra injusticia y desatar un círculo vicioso de inseguridad, violencia y anarquía, que atenta contra un genuino estado de derecho, y es oportuno recordarlo ahora que se acaba de publicar la más reciente edición del Índice de Estado de Derecho en México, que utiliza información de primera mano para capturar cómo está este aspecto en cada uno de sus estados en ocho indicadores clave, los cuales se califican en una escala en donde 0 es que las cosas andan muy mal, y 1 que andan muy bien, o bien, para ser más didácticos los pondremos como en la escuela, en una escala de 0 a 10.
Para empezar, la vigencia del Estado de Derecho es un desastre a nivel nacional, México ocupa la posición 113 sobre 139 países, sí esa es la situación nacional, lógicamente, no hay ni un solo estado o ninguno, que obtenga una calificación óptica, y el promedio de los estados obtiene una puntuación de 4 sobre 10, lo que quiere decir que, estamos reprobados a nivel nacional y a nivel estatal.
Con esa salvedad, podemos decir que hay estados en los que la situación es relativamente un poco mejor, como en Aguascalientes, que ocupa el 4.º lugar nacional en general, pero muestra variaciones en cada uno de los 8 componentes evaluados, en algunos casos para bien y en otros casos para mal. Por ejemplo, Aguascalientes aprueba de panzazo, los factores que miden el respeto a derechos fundamentales, cómo la ausencia de discriminación, respeto al debido proceso, libertad religiosa, derecho a la privacidad, libertad de asociación, y el derecho a la información pública. El poder judicial obtiene una calificación relativamente buena, como contra peso eficaz del gobierno estatal, y la valoración en temas de homicidios y la sensación de seguridad, todavía siguen siendo aceptables, con una calificación de casi 6 sobre 10.
En cambio, hay una percepción de que, tanto los servidores públicos como los diputados, incurren en actos de corrupción o en abusos, con una calificación de 3 sobre 10. Pasa lo mismo con los organismos de fiscalización y de control, que según la evaluación pública, no son contrapeso eficaz de la autoridad estatal, y también registran una calificación reprobatoria. Otro déficit es si las regulaciones del gobierno se implementan de manera justa y efectiva en materias laborales, ambientales, comerciales y de salud pública, y en este factor, ninguno llega a la calificación de 5 sobre 10. Los sistemas de justicia civil y penal, tampoco llegan a una calificación aprobatoria, y la peor evaluación la reciben la policía y el Ministerio Público, en la investigación de los delitos de manera eficaz, pues apenas alcanzan una calificación de 2 sobre 10.
Cualquiera que sea la explicación para cada incidencia, la conclusión de esta fotografía es que el desencuentro con el Estado de Derecho suscita una de las dificultades más importantes en la construcción de una cultura cívica y una democracia de calidad. El problema es ciertamente muy complejo, tiene que ver con un serio déficit en el modo como se transmite el valor de la legalidad en la formación de los niños y de los jóvenes, y cómo arraiga y se practica entre los adultos, pero también se relaciona con la falta de incentivos para cumplir la ley, y con los excesos regulatorios y de trámites que le dan a las burocracias un enorme poder, y, por lo tanto, aumenta el incentivo para corromperse, cosa que ocurre frecuentemente.
Aquí está una de las claves para empezar un proceso de mejora, que no basta con mejores ordenamientos jurídicos o un buen funcionamiento de los Poderes Judiciales, si ello no va acompañado de una nueva ética, de gobiernos más pequeños, transparentes y profesionales, de menos regulaciones, y de desterrar de la mentalidad y la conducta ciudadana, la costumbre de percibir la ley y la justicia como algo que se puede torcer al gusto de cada quien. Tener un Estado de Derecho tan defectuoso es un problema grave y debe ser corregido y mejorado.
