Alguien debería decirle a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que solamente hay una soberanía, la que reside en la ley que juramentó cumplir y hacer cumplir.
¿Cómo se hacen y se aplican las leyes en México? Carlos María Bustamante, uno de los forjadores de nuestra independencia, miembro del Consejo de Anáhuac (1813-1815), escribió lo que se convertiría en una maldición: “¡Que bobería aumentar con ilusiones y por medio de ellas querer engañar a los pueblos!”. Hemos tenido dos Méxicos: uno legal y otro real.
La Colonia creó un sistema jurídico mediante el cual los gobernantes no ejercían un poder sin control. Aventuró una herejía: los 61 virreyes, de 1535 (Antonio de Mendoza) a 1821 (Juan José Ruiz de Apodaca), no fueron improvisados. Tenían carrera y en su desempeño no se caracterizaron por abusos o crueldades. En el cotejo con nuestros ¿79? presidentes, resultaron más honestos y responsables. Se orientaron por leyes y principios. Desde luego, con la influencia de la doctrina cristiana y el derecho romano.
Es memorable el debate convocado por Carlos V en 1551, entre Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda para precisar los principios que debían inspirar las leyes de los territorios de la monarquía española. La Nueva España fue un mosaico. Distintas fueron las encomiendas de Oaxaca y Yucatán a las del Bajío. Soslayar la hazaña humanista de los evangelizadores implica no reconocer un aspecto sustancial en la conformación de la cultura nacional.
Las primeras décadas de nuestra vida independiente se caracterizaron por una fuerte influencia de la Ilustración. La monumental obra sobre el liberalismo de Jesús Reyes Heroles da cuenta de esa evolución, que alcanzó su momento culminante con la Constitución de 1856-57, quizás el mejor documento jurídico emanado de nuestra estropeada vida parlamentaria.
El Porfiriato tuvo juristas de gran relevancia: Ignacio L. Vallarta, Emilio Rabasa, Joaquín D. Casasús y José Yves Limantour. Forman parte de lo mejor como teóricos en la creación de instituciones y en la tarea de hacer leyes. Ineludible mencionar a Justo Sierra Méndez con sus aportaciones en el diseño de la política educativa.
Al inicio de la Revolución Mexicana, la influencia de la generación del Ateneo, principalmente de Antonio Caso, marcó el fin del positivismo y el comienzo, cuando menos en la academia, del iusnaturalismo. El Constituyente de Querétaro fue la irrupción de una desordenada y ambigua ideología que generó un derecho muy endeble y cargado de ansias de venganza contra los que se percibían como causantes de todos nuestros males.
El periodo de 1920 a 1997 fue de luces y sombras en la evolución de la política legislativa, entendiéndose como el conjunto de teorías sociológicas y de filosofía, así como de actos y procedimientos para dotar al Estado de un andamiaje que permitiera los fines del derecho: seguridad, justicia y bien común.
La etapa de 1997 a la fecha ha sido convulsa, errática y prolija en caprichos y ocurrencias que han dado al traste con la juridicidad; es decir, la calidad de nuestras leyes. Efectivamente, se instrumentó la transición de un sistema autoritario a una democracia. Celebramos que se haya logrado con estabilidad y sin violencia. Sin embargo, careció del obligado acompañamiento de un auténtico consenso en torno a principios que en otras naciones han sido esenciales para conducir el cambio.
De unos lustros para acá, el desafío no es la consolidación de la democracia, sino evitar el derrumbe del Estado. El derecho define a las naciones. Requerimos de un gran pacto, empezando por la Constitución que nos oriente para la gran reforma jurídica a una nueva realidad. Si no somos conscientes de esto, incurriremos en una gran irresponsabilidad que jamás nos perdonarán las generaciones venideras.
