No creo que se deba a un prejuicio como profesional del derecho, tampoco a una empecinada tendencia a enfocar los problemas prioritariamente como secuela de incumplir las leyes. Me asombra la ausencia de un análisis serio de la Constitución en la campaña electoral que ha concluido. Esto es reflejo de nuestra endeble cultura política, de nuestro desdén por las prescripciones que emanan de las instituciones del Estado.
Si usted asume la monumental y masoquista tarea de revisar todo lo que dijeron todos los candidatos, confirmará que las referencias a nuestra ley fundamental fueron escasas. Lo que se repitió fue la promesa de incorporar a su texto, como si fuera cosa de magia, el acceso a todas las políticas de bienestar. El titular del Ejecutivo, protagonista central, ha llegado a proponer el derecho a la felicidad, como si el gobierno la pudiera repartir, cuando ésta en realidad corresponde exclusivamente al ámbito individual.
¿Para qué sirve el derecho y para qué no sirve? ¿En qué estorba y en qué es funcional? ¿Qué debe contener nuestra Carta Magna? ¿Se hizo una reflexión seria sobre el federalismo y lo que compete a cada orden de gobierno? ¿Se habló de lo que debe hacer el Estado y lo que podemos hacer los particulares? ¿Se deslindó lo público de lo privado? ¿Hubo propuestas para garantizar los derechos sociales?
Desde los inicios del Estado de derecho se ha insistido en que hay dos temas de obligado contenido de los ordenamientos jurídicos: derechos humanos y división de Poderes. En ambos casos arrastramos una evidente carencia. Ahí está, desde mi punto de vista, el tema de nuestro tiempo en México.
El jurista argentino Carlos Nino hace una provocadora reflexión: “Aducir que algo va en contra de las leyes es una forma de iniciar una conversación, y no de concluirla”. Esto es, no es suficiente lo que la norma prescribe, pues siempre es posible darle la vuelta, buscar la rendija, utilizar el subterfugio. Es el repetido refrán mexicano, “no se puede, pero sí se puede”.
Hace muchos años escuché una ilustrativa anécdota. Discutían sobre algún asunto el jurista Octavio Hernández y el presidente Luis Echeverría. Al afirmar el primero que se debía consultar la ley, el responsable número uno de la vida institucional del país, con cierto desdén, respondió: “¿Y ahí qué vamos a encontrar? Si algo nos limita, lo cambiamos y ya. El poder somos nosotros”. En ese conciso diálogo se manifiesta la arbitrariedad con que se conduce el teóricamente servidor público. El primer deber es acudir a lo que es producto de la voluntad general, el derecho; sin embargo, se le ve con indiferencia o con la presunción de manipularlo.
Todas las naciones enfrentan una crisis por el debilitamiento de su vida institucional. Es necesario enfatizar la imprescindible obligación de acatar los ordenamientos jurídicos que son el mínimo ético para la convivencia social. Si un Estado no imparte justicia, está reprobado en todo lo demás. Tan importante es en el ámbito nacional castigar a un delincuente como Donald Trump en Estados Unidos, como en el internacional para resolver los conflictos entre Rusia y Ucrania o entre Israel y Palestina.
El 2 de julio de 1960, Adolfo López Mateos declaró en Guaymas: “Mi gobierno es, dentro de la Constitución, de extrema izquierda”. El mensaje está claro. Habrá divergencias, pero no puede haber dudas de acatar la ley fundamental. Es el pacto fundacional como lo expresaba el jurista y parlamentario Mariano Otero hace casi dos siglos.
Cuando se viola la norma, no es porque se ignore, es por la endeble conciencia de quienes hacen el mal por los supuestos beneficios a obtener.
El gran filósofo Ernst Bloch escribió: “Sobre lo que se siente vivamente, no se pierden muchas palabras”.
