Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), fue detenido por la Interpol el 23 de febrero de 2024 en Madrid, España, por intento de extorsión a Grupo Televisa por 250 millones de pesos.
Según las denuncias presentadas por la televisora, la extorsión se intentó primero verbalmente, continuo mediante el envío de cartas y siguió difundiendo información falsa con el objetivo de conseguir dinero por “necesidades” que el exfuncionario bancario afirmaba tener.
A un año de ser detenido, por la Interpol, se sabe que Grupo Televisa y José Luis Fernández Fernández, socio director de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia, además de ser consejero y miembro del Comité de Auditoría de la televisora, aportaron pruebas suficientes ante los Juzgados Cuarto Civil de Proceso y Cuadragésimo Primero Civil, ambos de la Ciudad de México.
Así como al 11° Distrito Judicial en Florida, para que se encontrara culpable a Eduardo Fernández por los delitos de extorsión y difamación.
En los Estados Unidos además se validó el cargo de conspiración, llamado racketeering. Fernández acabó declarándose culpable para lograr sentencias abreviadas en procesos civiles y penales.
De acuerdo con datos de la televisora, la historia de la extorsión comenzó al dejar de ser servidor público en 2009.
Fernández establece un fondo de inversiones en Nueva York llamado Diversity, y convenció a ejecutivos de Televisa para brindarles servicios financieros. El fondo operaría hasta 2012, debido a que tuvo poco éxito, además de ser sometido a diversas supervisiones de autoridades financieras en México y Estados Unidos.
Debido a los problemas económicos, Eduardo Fernández buscó otro tipo de apoyos mediante amenazas, señalando que en su calidad de “ex agente financiero” tenía en su poder información privilegiada acerca de ejecutivos de Grupo Televisa y sus “adquisiciones irregulares de coches y embarcaciones”, así como otras supuestas actividades ilegales del manejo de recursos.
Aseguraba que tenía información obtenida de su actividad como bróker, a la que se dedicó después de salir de la CNBV, la cual difundió entre cartas y videos de la mano con su esposa, Florencia Méndez.
En sus escritos, Fernández indicaba incluso, la manera en que quería el dinero: en un vehículo de carga, en la cochera del edificio ubicado en el número 86 de la avenida Ejército Nacional, de su propiedad, en la capital del país.
Los consejeros y ejecutivos de Televisa no cedieron a los chantajes y presentaron las denuncias que en jurisdicciones de tres países, les favoreció de manera definitiva.
Con lo que Eduardo Fernández ha sido sentenciado a poco más de 2 años de prisión y a pagar multas a la televisora. Además de tener que publicar extractos de las sentencias que hoy aparecen en medios como parte del proceso de condena y disculpa pública ordenado por el Juez Cuarto y Cuarenta y uno de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
En su sentencia, el juez Cuarto de lo Civil aseguró que Fernández actuó con “real malicia”, por lo que se le prohibió difundir cualquier información de la empresa, sus filiales o de sus ejecutivos. Le advirtió que, en caso de insistir en sus “intimidaciones” o en difundir información sobre la situación financiera o bursátil de la empresa, deberá pagar 50 millones de pesos por daño moral.
El caso se resolvió en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México después de que Fernández fuera extraditado de España, en octubre del año pasado, tras haber estado preso en la cárcel Soto del Real desde que fue detenido por la Interpol el 23 de febrero de 2024, a petición de la justicia mexicana por la denuncia que le interpuso la empresa.
Con información de El universal y Proceso /GBB
