Padres de familia del Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios (CETis) número 15, ubicado en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, están acusando irregularidades en la construcción de una obra, en donde hay personal de la Secretaría del Bienestar involucrado.
En conferencia de prensa Claudia Isabel Jiménez, Xóchitl Dimas y Luis Alberto Hernández, explicaron que la institución ha sido beneficiada con el programa del gobierno federal "La escuela es nuestra", originalmente para la construcción de dos domos en sus instalaciones por un monto total de 1.5 millones de pesos.
Para poder ejercer el recurso se conformaron dos comités; uno de ellos integrado por un presidente; una tesorera; un secretario; y tres vocales; los últimos cuatro de ellos han renunciado porque los han hecho a un lado y no están de acuerdo con las decisiones que se han tomado.
El acuerdo inicial era que cada uno de ellos presentaran una propuesta para realizar la obra, sin embargo, acusan que no hubo un procedimiento transparente para tomar la decisión final y eligieron a una empresa constructora mediante imposición de personal de la delegación del Bienestar, respaldado por dos padres de familia afines.
Acusaron que en una de las reuniones en donde se expresaron los desacuerdos que había, una funcionaria del Bienestar uniformada y plenamente acreditada agredió a la señora Claudia Isabel e intentó robarle el teléfono celular para evitar que grabara lo que estaba ocurriendo.
"En este caso es la facilitadora; de los otros no le podemos decir si en realidad estén involucrados pero apoyaron, nunca nos dieron la oportunidad de externar lo que nosotros sentíamos que no había transparencia, nosotros queremos trabajar con transparencia" y por ello fueron insultados, agredidos y orillados a renunciar para que no se interpongan en los intereses, dijo Xóchitl Dimas.
También sostuvieron que en todo el proceso ha participado el director de la institución, que por normativa se tendría que mantener al margen y no involucrarse con las decisiones que tomen los padres de familia para el manejo de recursos que ya están depositados en una cuenta bancaria y no se han ejercido.
Les han advertido que con y sin su respaldo la obra se va a hacer con la compañía elegida y los inconformes que exigen transparencia son "relleno" que iban a ser utilizados para que pusieran la firma y se pudiera ejecutar el proyecto sin transparentar el proceso.
Ahora serán suplidos por otros padres de familia, pero quieren dejar el antecedente de cómo están haciendo todo y buscan que en la Secretaría del Bienestar revisen el tema a fondo, aunque hasta el momento les han dado la espalda pese a que cuentan con las evidencias y documentos que acreditan sus dichos.
