¡Qué enorme contraste! El llamado nacionalismo revolucionario pretendió fortalecer al Estado y hoy está más débil que nunca; cercado, incompetente, desconfiable. No es real que la concentración de poder, con el consecuente debilitamiento institucional, lo vigorice; por el contrario, lo deteriora en su capacidad para proporcionar servicios al pueblo de México.
La seguridad, la salud y la educación se privatizan. Las cifras no mienten. Son cada vez más los mexicanos que tienen que pagar de su peculio la atención de sus necesidades en esos rubros. En materia de energía, el neoliberalismo entra por la puerta trasera. Desde luego, jamás se va a reconocer el fracaso de la empresa estatal, pero la apertura a la inversión privada es inocultable.
Ahora se da lo insólito: la impartición de justicia también se privatiza. La obsesión de la 4T de desmantelar todo, obliga a los particulares a diseñar mecanismos que alcancen el fin más elemental del sector público. Me explico.
El artículo 17 constitucional dice: “Toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. ¿Cree usted que con los personajes electos se cumplirá con ese deber? ¿Podríamos imaginar, con un gran esfuerzo, una deliberación jurídica a los nuevos ministros de la Corte? Hugo Aguilar Ortiz tiene el descaro y la impudicia de declarar que él no fue electo mediante la consigna de los acordeones. Con su evidente falta de autoridad moral jurídica no es el idóneo para presidir el órgano supremo del Poder Judicial.
Estamos ante la mayor infamia y el más abominable atropello al Estado de derecho de nuestra historia. No hay forma de negarlo. La presidenta Claudia Sheinbaum pontifica todos los días que vamos a estar mejor, pero no ofrece ningún argumento. No le basta el ostentoso y pésimo desempeño de quienes presiden la CNDH, el INE y el TEPJF. ¡Qué tremenda irresponsabilidad ignorar los hechos!
En esta circunstancia, ya hay indicios para intentar suplantar esta función tan necesaria en la sociedad. Existe la figura jurídica amicus curiae (coadyuvante en el auxilio de los jueces) que pronto empezará a proliferar en las relaciones civiles y mercantiles y se incrementará acudir a instancias internacionales. En la academia ya se empiezan a integrar órganos de vigilancia para señalar las deficiencias en las que incurran los flamantes nuevos jueces.
El desorden es inevitable ante la inexplicable actitud del gobierno que todos los días daña más a sus gobernados, sea por acción o por omisión. Ya han surgido eventos en los que las comunidades han tratado de hacer justicia por su propia mano, hay casos que así lo corroboran.
Ahora pretenden una reforma electoral, soslayando el principal valor a proteger: la voluntad ciudadana, núcleo del derecho en esta materia, para partidizarlo. Las señales son claras, buscan afanosamente aplastar a la oposición. ¿Concibe usted congresos que no deliberen? Eso estamos constatando diariamente. No se pretende corregir, se trata de anular la racionalización de la política mediante el diálogo.
Todo esto no es nuevo ni exclusivo. La historia registra las grandes decadencias y retrocesos. La globalización de ciertos males es notoria. Cuando hablamos de que algo se quebró, no tengo duda en responder que es el respeto a la ley. Lo mismo sucede con nuestro vecino del norte, que en nuestras hermanas naciones del sur. En cada caso, persiste un conflicto en el ámbito jurídico. Ahí está la gran tarea. Fortalecer nuestra cultura de la legalidad. Eso que hace casi 200 años Mariano Otero denominó el pacto en lo fundamental.
