Opinión

La insensibilidad justiciera de la 4T (1)

Por Juan José Rodríguez Prats

Improvisar servidores públicos es un atentado a los usuarios


Hace más de dos décadas, siendo senador, conviví con un gran personaje, don Olegario Vázquez Raña. El evento fue muy afortunado para mí. Perteneciendo a generaciones próximas, con vivencias distintas, la plática fue larga y fascinante. Me quedó una reflexión suya que viene al caso. Con una gran inteligencia pragmática que es la más eficaz, ponderaba cómo sus empresas tuvieron auge en tiempos inciertos gracias a su arrojo. Atreverse en la adversidad es uno de sus legados. Evoco el antecedente como gratitud y homenaje, pero también como pauta a las siguientes reflexiones.

Advocati nascuntur, iudices funt: “Los abogados nacen, los jueces se hacen”. Perdón el latinajo. Improvisar servidores públicos es un atentado a los usuarios. En La República de Platón, a médicos y jueces se les envuelve en una misma desconfianza. Ambas profesiones tienen tareas delicadas: cuidar seres humanos de enfermedades del cuerpo y del alma.

La humanidad, después de milenios de devanarse los sesos, confirmó que es evidente la coincidencia en todas las culturas para distinguir el bien y el mal. Mi escritora favorita lo dijo de manera contundente: “El mal imaginario es romántico, novelesco, variado; el mal real es triste, monótono, aburrido; el bien imaginario es aburrido; el bien real es siempre nuevo, maravilloso, embriagador” (Simone Weil).

No puede uno ser indiferente ante la más burda farsa que se haya montado en nuestra historia: elegir a servidores públicos que se encargarán de absolver o condenar a sus prójimos por conductas jurídicamente equivocadas. Me entristece contemplar a quienes se han prestado a esta depravación política que corroe aún más la confianza del pueblo de México en sus instituciones.

Un gran jurista, con larga trayectoria como juez, Felix Frankfurter, escribió: “Si los jueces quieren ser predicadores deberían dedicarse al púlpito; si quisieran ser configuradores de una política, el parlamento es su lugar. Los jueces obstinados son los menos defendibles entre todos los que atacan al imperio del derecho”.

Sembrar en la cultura de los pueblos el sentimiento justiciero y el respeto irrestricto a la ley lleva su tiempo y, además, como todo principio, no se aprende de una vez y para siempre. Pongo un ejemplo. Nuestro vecino del norte consolidó su poderío en un sólido Estado de derecho. Adoptó un régimen presidencial y reguló, mediante el juicio político, el castigo para los abusos del poder.

En 1868 se dio el primer caso contra Andrew Johnson, sucesor de Abraham Lincoln, por causas que al paso de los años se perciben como endebles y de claro intento partidista. Fue absuelto por escaso margen, por el Poder Legislativo, que en estos casos se constituye en juzgador.

El segundo caso culminó con la renuncia de Richard Nixon (1973). El juicio inició por el escándalo del Watergate y la obstrucción de la justicia. El presidente optó por renunciar ante la inminente condena.

El tercer caso fue el de Bill Clinton, por dos cargos, uno de perjurio y otro de obstrucción de la justicia. Reconoció su culpa y merece ser citado ante una respuesta que evidencia la tentación que vence al hombre cuando las circunstancias le permiten tener influencia y poder. Cuando le preguntaron la causa por la que se había atrevido a denigrar su investidura, respondió con simpleza: “Porque pude”. El Senado lo absolvió en 1999.

Donald Trump ha librado, ante hechos plenamente probados, dos juicios políticos: uno por solicitar la intervención de gobiernos extranjeros para el proceso electoral de 2016 y el otro en 2021 por el ataque al Capitolio. ¿Por qué ese pueblo tan riguroso y exigente en los otros casos se vio horadado en su mayor fortaleza espiritual? Es algo que ni los mismos estadunidenses han logrado descifrar.

El hecho de que nuestra Corte haya claudicado a su defensa, es la página más funesta de nuestra historia.