Los errores de mayor calado y que más daño hacen, creo yo, son los legislativos. Se tornan incorregibles. Son causados por “ideas fantasmales”, que no tienen ninguna consistencia, pero se perciben como profundamente justicieras y, por lo tanto, arraigadas en la conciencia de los pueblos. Mitos con un poder difícil de vencer con razones hasta que la realidad evidencia sus resultados dañinos. Ahí está, por ejemplo, el reparto de la tierra, consecuencia del ejido dotatorio. Se terminó cuando ya no había propiedades afectables. El mal estaba hecho, se destruyó riqueza y se distribuyó miseria.
México pudo haber sido una gran potencia de haberse detonado dos factores relevantes de desarrollo: hidrocarburos y electricidad. Un conjunto de leyes concebidas como baluartes de la patria los colapsaron.
En 1857 se incorporó a la Constitución el primer principio económico con una clara vertiente liberal. Lo defendieron José María Mata y Guillermo Prieto, exponiendo con enorme optimismo, que era el inicio de un pujante crecimiento. Dice el artículo 28: “No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que, por un tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora”.
Actualmente, después de nefastos cambios, dice: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas…”. Viene una absurda enumeración de sectores en los que inexplicablemente los particulares no pueden invertir. No fue el Constituyente de 1917, tampoco la expropiación de 1938. Las ideas supuestamente nacionalistas y claramente estatólatras se iniciaron en los gobiernos de Adolfo López Mateos y Miguel de la Madrid. A mi juicio, el fracaso se debió a la perseverancia de cuatro entelequias jurídicas: soberanía energética, empresas paraestatales eficientes, autosuficiencia del sector público y áreas estratégicas exclusivas del Estado.
Desde el inicio se percibió lo falaz de las propuestas. Está probado que la empresa particular, motivada por el ánimo de lucro, es más productiva que la del Estado. Hay menos corrupción por una simple razón: el particular no se roba a sí mismo. En el sector público se roba al pueblo y la posibilidad de impunidad es absoluta.
No es necesario insistir, las políticas a instrumentar tienen que ser radicales y con enormes sacrificios. En alguna de mis lecturas encontré un buen consejo: cuando estés en un callejón sin salida, no lo pienses mucho, sal por donde entraste”.
En 2019 se truncó una reforma en el sector energía que venía cuajando desde el gobierno de Salinas de Gortari. El relato de su tortuoso avance es largo y confirma la mezquindad y la carencia de una ética política elemental. Por fin se logró al inicio de la gestión de Peña Nieto, pero los primeros escarceos fueron bruscamente suspendidos. El retroceso fue suicida, los hechos hablan por sí solos.
Nada es más imputable a un gobierno que su negativa a reconocer lo que la realidad le pide a gritos. No puede continuar la dilapidación de recursos. No tiene caso seguir financiando la ineptitud y la corrupción.
He escuchado en los últimos tiempos que hemos entrado a una era identificada con un acrónimo: VICA. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Estoy convencido de que la mejor forma de combatirla es con leyes claras y respetadas. Hay que detener el despojo del sentido común y de razón suficiente del derecho mexicano.
Sí, estamos en medio de grandes trastornos, pero siempre hay una verdad que defender, un argumento que sustentar, una belleza que admirar, una ética que respetar y una justicia que impartir, es algo que se impone como la luz del día, como la oscuridad de la noche que, para el caso, es lo mismo.
