El Gobierno de México trabaja en el diseño de una metodología única para evaluar a aspirantes a cargos de elección popular y detectar posibles “riesgos razonables” de vínculos con el crimen organizado de cara a las elecciones de 2027.
La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que se trabaja en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) para poner en operación este mecanismo lo antes posible.
“Se está trabajando en esta metodología única para que pueda, en coordinación con el INE, ponerse en operación este mecanismo lo antes posible”, señaló durante la conferencia presidencial realizada en Chiapas.
De acuerdo con lo explicado por la funcionaria, los partidos políticos podrán presentar voluntariamente ante el INE sus listas de precandidatos para que distintas instituciones revisen información disponible en sus bases de datos.
Entre los elementos que podrían ser consultados se encuentran:
Con base en esta información, las autoridades emitirían un dictamen exclusivamente para determinar si existe o no un “riesgo razonable” en cada perfil político.
Alcalde explicó que actualmente se mantienen mesas de coordinación para definir los detalles del mecanismo, con la participación de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y áreas de inteligencia.
Durante la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el marco legal para establecer este tipo de revisiones, aunque aclaró que el procedimiento deberá sustentarse en información oficial generada por instituciones mexicanas.
En ese sentido, señaló que decisiones unilaterales de gobiernos extranjeros, como la revocación de visas por parte de Estados Unidos, no deberán determinar el resultado de las evaluaciones dentro del proceso electoral mexicano.
El tema de la posible infiltración del crimen organizado en procesos electorales cobró relevancia después de las elecciones de 2024, en las que, de acuerdo con la información presentada en el reporte citado, se registraron 41 políticos asesinados y 10 secuestrados.
El anuncio ocurre luego de que el INE iniciara formalmente el proceso electoral 2027, rumbo a los comicios de junio del próximo año.
En estas elecciones se renovarán los 500 espacios de la Cámara de Diputados y miles de cargos locales en todo el país, entre ellos gubernaturas en 17 estados.
El diseño de este mecanismo busca establecer un procedimiento común para revisar la información disponible sobre los perfiles que competirán por cargos de elección popular, en coordinación entre las autoridades electorales y las instituciones responsables de seguridad e inteligencia.
La propuesta se suma a los planteamientos de distintos actores políticos que han señalado la necesidad de establecer filtros para fortalecer la integridad de las candidaturas y reducir los riesgos de que grupos delictivos intervengan en los procesos electorales.
Con informacion de : El Financiero
