El Congreso del estado de Chiapas aprobó este jueves 30 de octubre la ley que garantiza la interrupción legal del embarazo para niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y violación, con lo que se les asegura el acceso a un procedimiento médico seguro, gratuito y sin discriminación.
La iniciativa busca que las víctimas puedan recibir atención médica bajo los principios de dignidad humana, perspectiva de género y el interés superior de la niñez, evitando la criminalización de la víctima.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Andrea Negrón enfatizó que la ley tiene como objetivo que "ninguna niña o adolescente tenga que enfrentar un embarazo forzado por culpa del silencio o la indiferencia institucional" y que no sea necesario "revivir el trauma de una violación para acceder a un servicio médico que le corresponde por derecho".
Según datos citados por la diputada Negrón, en Chiapas solamente en 2022, más de 8 mil 700 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, la mayoría de los cuales fueron producto de violación.
En tanto, la diputada Rosalinda López Sánchez señaló que la mortalidad materna y el impacto socioeconómico se acentúan especialmente en zonas indígenas, donde el desconocimiento y los usos y costumbres contribuyen a que muchos casos sean omitidos.
La legisladora destacó que solo el 40 por ciento de los partos ocurre en hospitales y la prevalencia anticonceptiva entre adolescentes es apenas del 38 por ciento, lo que provoca mortalidad materna elevada, abandono escolar y pobreza generacional.
Fuente: Milenio/Foto: Archivo/atf
