El registro obligatorio de datos de usuarios de telefonía móvil busca objetivos de seguridad, pero conlleva importantes riesgos para la privacidad, la libertad de expresión y el acceso igualitario a servicios, consideró Pepe Flores, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
En entrevista para XEU, recordó que el paquete de reformas aprobado en julio último establece que las empresas de telecomunicaciones deben vincular las líneas móviles con la CURP (clave única de registro de población). Originalmente se contempló un padrón nacional gestionado por el gobierno; la versión vigente tras debates en el Congreso delega esa responsabilidad a las empresas, permitiendo a las autoridades acceso a esa información con menos límites de protección.
Las autoridades, dijo, sostienen que la medida busca proteger a las personas y facilitar la lucha contra delitos como extorsión y secuestro. Aseguran que la vinculación facilita la identificación en casos de riesgo y mejora la respuesta institucional.
Sin embargo, Pepe Flores, advierte que la relación entre identidad y línea asecha libertades básicas y podría generar indefensión ante incidentes como robo de celulares o clonación de SIM.
Señala que delincuentes podrían usar líneas no asociadas a su identidad, pero también que la vigilancia ampliada podría afectar a ciudadanos que no participan en delitos.
Agregó que el cruce de datos podría afectar a periodistas o cuentas institucionales que operan bajo seudónimos o anonimato, al facilitar la identificación de responsables detrás de ciertas cuentas y publicaciones, con posibles implicaciones de censura y presión.
