En la Ciudad de México fue aprobada la reforma al artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México para este 2025, lo que representa una nueva amenaza para la propiedad, pues la autoridad exige a los dueños informar sobre sus inmuebles, aunque no hay reglas claras para eso.
La redacción de dicha reforma ha generado incertidumbre jurídica y preocupación entre los propietarios de inmuebles en la capital.
Dicha modificación obliga a los propietarios de inmuebles con un valor catastral superior a cuatro millones 527 mil pesos, a presentar una declaración informativa sobre “el estado que guardan” los inmuebles.
Aunque no se ha definido qué implica la orden “el estado que guardan”, por lo que la reforma ha generado críticas por su ambigüedad y falta de claridad.
Esta reforma ha generado preocupación y dudas por la falta de definición, pues no especifica qué se entiende por “el estado que guardan” los inmuebles, dejando a los dueños de inmuebles sin una guía clara sobre qué información deben proporcionar a las autoridades.
Tampoco existe un formato fiscal, pues la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México no ha emitido cómo se debe llevar a cabo la presentación de la declaración, y da pie a la confusión y posibilidad de interpretaciones erróneas.
Además, señalan que la medida es selectiva, pues no todos tienen dicha obligación. Aplica a inmuebles con un valor catastral mayor a los 4 millones 527 mil pesos, lo que genera cuestionamientos sobre la equidad de la disposición.
Los propietarios señalan que, ante la falta de reglas, se corre el riesgo de la discrecionalidad que es la facultad que el ordenamiento jurídico otorga a un juez o a un funcionario para que decida según los principios o estándares que consideres justificadamente de aplicación ante la indeterminación o el carácter abierto de la norma jurídica a aplicar.
Acusan que la falta de claridad en la redacción de la reforma en cuestión podría permitir a la autoridad fiscal interpretar discrecionalmente lo que considere pertinente, lo que abre la puerta a inspecciones arbitrarias y posibles abusos.
Temen también que esta medida sea un primer paso hacia el incremento del impuesto predial o el establecimiento de nuevas contribuciones sobre mejores y adecuaciones realizadas a las viviendas.
Fuente: ADN40 / Foto: Archivo / JAC
