¿Sabías que tu casa podría tener una especie de “CURP catastral” para identificar sus características y relacionarlas con la información de su propietario? La nueva Ley General en materia catastral plantea la creación de mecanismos para unificar los datos de los inmuebles en México, una medida que también ha generado cuestionamientos sobre la privacidad y la posibilidad de que, en el futuro, aumente el impuesto predial.
En entrevista para XEU Noticias, el economista Guillermo Barba explicó que la legislación no establece directamente un incremento al predial; sin embargo, advirtió que la homologación de los registros inmobiliarios podría facilitar una actualización de los valores utilizados por los municipios para calcular este impuesto.
El especialista señaló que actualmente los registros públicos de la propiedad y los catastros operan con criterios que pueden variar entre las entidades federativas. Con el nuevo esquema, se busca estandarizar la información y establecer una clave única registral y catastral para identificar las características de cada inmueble.
“Eso no está aprobado en la ley. De hecho, así es como la han defendido de parte del oficialismo, es decir, ‘no, es que esto no es un aumento del predial porque eso le corresponde a los estados’”, comentó.
De acuerdo con Barba, uno de los aspectos de la nueva legislación es la creación de un registro nacional que permita concentrar información de los inmuebles, como su ubicación, dimensiones, características, propietario y valor.
El economista comparó este mecanismo con una especie de “CURP catastral”, es decir, una clave que permitiría identificar cada propiedad y relacionarla con sus datos registrales y catastrales.
Según explicó, la información sería administrada por el Gobierno federal mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con la Agencia de Transformación Digital.
El especialista consideró que contar con registros estandarizados podría contribuir a organizar la información inmobiliaria del país. No obstante, señaló que la concentración de datos patrimoniales también plantea interrogantes sobre su protección y los posibles usos que podrían darles las autoridades.
Uno de los puntos que destacó Guillermo Barba es que la actualización de los registros catastrales podría tener consecuencias en el cálculo del impuesto predial, dependiendo de las decisiones que adopten las autoridades locales.
Aunque la legislación no establece directamente un aumento, el economista advirtió que el riesgo estaría en que los municipios comenzaran a utilizar valores más cercanos al precio comercial de los inmuebles, en lugar del valor catastral que actualmente sirve como referencia.
Para explicar el posible impacto, planteó el ejemplo de una propiedad con un valor catastral de 500 mil pesos y una tasa de predial del uno por ciento. Bajo ese supuesto, su propietario pagaría cinco mil pesos al año.
Sin embargo, si el valor comercial de esa misma vivienda fuera de un millón de pesos y se utilizara esa cantidad como base para calcular el impuesto, el pago anual ascendería a 10 mil pesos, sin necesidad de modificar la tasa.
“Sin aumentar la tasa, el riesgo es que pudiera aumentarnos el catastro”, advirtió.
Barba aclaró que se trata de un escenario hipotético y no de un incremento aprobado. Añadió que, dependiendo del inmueble, el valor comercial puede ser dos o tres veces superior al catastral.
El predial es un impuesto municipal en prácticamente todo el país, con excepción de la Ciudad de México, donde se cobra a nivel central. Por ello, cualquier modificación en los criterios de cálculo dependería de las disposiciones aplicables y de las decisiones de las autoridades competentes.
Otro aspecto que preocupa al economista es la posibilidad de concentrar en una sola plataforma información patrimonial que actualmente se encuentra distribuida entre diferentes registros locales.
A su juicio, la creación de una base de datos nacional requiere mecanismos adecuados para proteger la información de los propietarios y evitar que se utilice de manera indebida.
Barba reconoció que la homologación de los catastros puede facilitar la identificación de los inmuebles y mejorar la organización de los registros. Sin embargo, insistió en que también deben analizarse las implicaciones para la privacidad y la seguridad de las personas.
Durante la entrevista, Guillermo Barba también habló sobre las preocupaciones relacionadas con una posible intervención de las autoridades en terrenos considerados subutilizados.
El economista aclaró que este tema corresponde a una propuesta distinta de la legislación catastral: el Programa de Ordenación Territorial para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que, según explicó, se encontraba en discusión y consulta pública.
Barba señaló que uno de los cuestionamientos es quién definiría cuándo un terreno se considera subutilizado y cuáles serían los criterios para determinar si debe desarrollarse.
De acuerdo con su interpretación de esa propuesta, podría contemplarse un plazo de entre dos y cuatro años para desarrollar determinados predios y, en caso de incumplimiento, una eventual subasta forzosa con indemnización.
No obstante, precisó que este planteamiento no significa que todas las personas vayan a perder sus propiedades ni que la legislación catastral establezca una obligación general de construir en cualquier terreno desocupado.
En conclusión, el economista consideró necesario distinguir entre la actualización y unificación de los registros inmobiliarios, los posibles cambios en el cálculo del predial y las propuestas de ordenamiento territorial, pues se trata de asuntos distintos que deben analizarse por separado.
