Los incrementos a diversos derechos federales aprobados en la Cámara de Diputados podrían repercutir en los bolsillos de los mexicanos durante 2027, debido a que algunos costos de trámites migratorios, servicios sanitarios y transporte podrían trasladarse a los consumidores, advirtió el contador público Ramón Ortega, integrante de la Asociación Nacional de Fiscalistas.
En entrevista para XEU Noticias, el especialista explicó que las modificaciones a la Ley Federal de Derechos contemplan aumentos en distintos servicios que presta el Estado, desde la expedición de visas hasta las autorizaciones sanitarias y el uso del espacio aéreo.
Ortega señaló que el monto estimado de recaudación por estos conceptos pasaría de 157 mil millones a 177 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 20 mil millones de pesos para el siguiente año, de acuerdo con las cifras que comentó durante la entrevista.
“Sí hay aumentos y sí podríamos tener un impacto en nuestros bolsillos por ciertos usos como las visas, la parte de la alimentación, el uso aéreo, entre otros puntos”, explicó.
El fiscalista detalló que entre los ajustes aprobados se encuentran los relacionados con visas, derechos migratorios y servicios vinculados con el transporte aéreo y ferroviario.
De acuerdo con las cifras mencionadas por Ortega, los principales cambios incluyen:
Visas ordinarias: aumento de 66 por ciento.
Visas de visitante de larga duración: incremento de 153 por ciento.
Derecho de No Residente (DNR): aumento de 17.8 por ciento, correspondiente al pago que realizan determinados visitantes extranjeros al ingresar a México.
Uso del espacio aéreo: incremento de 10 por ciento para las aerolíneas.
Licencias y autorizaciones sanitarias: ajustes que, dependiendo del trámite, podrían oscilar entre 100 y mil por ciento, según lo expuesto por el especialista.
En el caso del Derecho de No Residente, Ortega explicó que el incremento aprobado sería menor al 35 por ciento que se había planteado inicialmente.
No obstante, advirtió que los aumentos en los derechos relacionados con el turismo y el transporte podrían elevar los costos de operación de las empresas y repercutir indirectamente en los precios que pagan los usuarios.
Uno de los puntos que destacó el integrante de la Asociación Nacional de Fiscalistas son los incrementos en las cuotas por licencias sanitarias y otros trámites ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El contador explicó que estos ajustes no significan necesariamente que los medicamentos vayan a aumentar de precio de manera inmediata, pero sí podrían generar presiones en los costos de algunos servicios médicos.
“Los medicamentos podrían ser de manera indirecta, no en sí el precio de la medicina”, precisó durante la entrevista.
Agregó que los nuevos costos de autorizaciones, pruebas y licencias podrían repercutir en actividades relacionadas con análisis clínicos, estudios de sangre y otros servicios sanitarios.
El impacto final dependerá de cuánto absorban las propias empresas o instituciones y cuánto trasladen a los usuarios.
Durante la entrevista, Ramón Ortega también abordó la propuesta de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que contempla limitar determinadas deducciones y establecer reglas para el tratamiento de pérdidas fiscales.
El especialista indicó que uno de los puntos que genera preocupación es la limitación de deducciones para personas morales residentes en México que perciban ingresos superiores a 50 millones de pesos, de acuerdo con los términos de la propuesta que comentó.
Ortega explicó que, bajo el mecanismo planteado, las empresas tendrían que calcular sus deducciones conforme a un límite de 96.67 por ciento, lo que podría representar una mayor carga fiscal si no logran deducir la totalidad de sus gastos.
El fiscalista sostuvo que esta medida podría generar un impacto equivalente a 3.33 por ciento en los conceptos sujetos a la limitación, aunque el efecto concreto dependerá de la aplicación de las reglas fiscales y de la situación de cada contribuyente.
También señaló que las deducciones que no puedan aplicarse en un ejercicio tendrían un periodo prolongado para su aprovechamiento posterior, lo que, a su juicio, podría complicar la planeación fiscal de las empresas.
El especialista consideró que las disposiciones deben revisarse para evitar que las restricciones generen cargas adicionales o dificultades administrativas para los contribuyentes.
Ortega agregó que los cambios fiscales deben acompañarse de medidas que faciliten la incorporación de negocios a la formalidad, particularmente de las pequeñas y medianas empresas.
Señaló que también se esperan ajustes y programas dirigidos a este sector, así como posibles adecuaciones relacionadas con el Seguro Social y el Infonavit, con el propósito de simplificar el cumplimiento de las obligaciones.
El fiscalista consideró que las modificaciones tributarias deben analizarse en conjunto con los indicadores de informalidad laboral y de recaudación, debido a que las cargas administrativas y fiscales pueden influir en las decisiones de los negocios.
Finalmente, indicó que será importante conocer el resultado definitivo del proceso legislativo y las reglas que se establezcan para 2027, tanto en materia de derechos federales como en las modificaciones al ISR.
