El jueves 3 de julio la Corte Suprema dictaminó que la administración de Donald Trump puede reanudar las deportaciones rápidas de personas migrantes a terceros países.
Lo que ha generado un debate, ya que con 6 votos a favor y 3 en contra, el máximo tribunal de Estados Unidos revoca una orden judicial que ya se había dictado y que obligaba al gobierno a notificar a los migrantes sobre su destino y darles la oportunidad de alegar riesgo de tortura o persecución antes de ser deportados, con tal de evitar que llegaran a un país donde su vida podría correr peligro, explicó el Internacionalista, José Joel Peña.
Con esto algunos migrantes podrían tomar la decisión de entregarse a las autoridades migratorias para ser trasladados hasta sus países y así evitar que los lleven a otros lugares de donde no son originarios, aseguró el especialista.
“Más allá de lo legal y humanitario también es importante señalar que esta política podría tener efectos adversos sobre la economía estadounidense, porque sabemos que sectores como la agricultura, construcción, servicios depende en gran parte de la mano de obra de los migrantes”, explicó.
Estas deportaciones masivas podrían dañar la economía de EU, ya que reduciría la productividad y en algunos casos elevar los costos laborales y por consecuencia los productos, agregó José Joel Peña.
