Xalapa, Ver.- Durante la última década, Veracruz ha ocupado los primeros lugares en el país en casos de embarazo infantil. Tan solo en 2024, 621 niñas entre los 11 y 14 años fueron obligadas a convertirse en madres. En el 90 por ciento de los casos, los hombres registrados como padres eran adultos, advirtió Araceli González Saavedra, integrante de la organización civil Equifonía AC.
Entre los casos más graves se encuentra el de una niña de 11 años cuyo hijo fue registrado con un padre de 44 años; también los de dos niñas de 12 años con hombres de 44 y 50 años, respectivamente; y los de siete menores de 13 cuyos padres superaban los 30 años. En otros ocho casos, niñas de 13 años figuran como madres de hijos cuyos padres tenían entre 35 y 57 años.
Las cifras reveladas a nivel nacional sobre la edad de los hombres que engendraron hijos con niñas, también se reflejan en Veracruz. “Los casos aquí son igual de graves y han sido denunciados desde hace varios años”, subrayó González Saavedra.
Según datos de la Secretaría de Salud, en 2024 se registraron seis nacimientos en niñas de 11 años, 16 en niñas de 12, 121 en niñas de 13 y 478 en niñas de 14 años.
En más de 400 de estos casos, los padres tenían entre 15 y 20 años. En otros 147, los hombres superaban los 20 años, incluyendo registros de padres de entre 30 y 57 años. En varios nacimientos, la edad del padre ni siquiera fue especificada. Solo en 22 de los 621 nacimientos, los padres tenían la misma edad que las niñas, es decir, entre 13 y 14 años.
Equifonía, organización que ha acompañado casos de violencia sexual infantil y que promovió la alerta por agravio comparado para despenalizar el aborto en Veracruz, sostiene que cada embarazo infantil es resultado de un delito.
“No puede considerarse un embarazo consentido porque no hay consentimiento legal posible. Es un delito. Las niñas deben estar estudiando, no gestando, y los agresores deben estar en la cárcel cumpliendo una condena por el delito de pederastia”, afirmó González Saavedra.
Agregó que muchas de estas niñas viven en condiciones múltiples de exclusión: “Es un asunto también de clase social, de niñas que ya están en condiciones de pobreza extrema y además son víctimas de violencia sexual”.
El sector salud: la puerta que no se activa
Para Equifonía, el sistema de salud representa la primera y más decisiva oportunidad de intervención institucional, pero esa puerta sigue cerrada.
“Cuando acuden los familiares o tutores a los servicios de salud, esa es la gran ventana de oportunidad para dar aviso a la fiscalía y a las procuradurías”, explicó.
Sin embargo, en muchos casos no se activa la ruta legal: “No se da aviso a la fiscalía, y si se da, es importante que también acuda la Procuraduría Municipal correspondiente. Eso no siempre ocurre. Debería haber su correspondiente carpeta de investigación por pederastia en cada uno de estos casos”.
Equifonía lamenta que las familias enfrenten falta de coordinación entre el sector salud, la fiscalía y los gobiernos municipales, lo que perpetúa la impunidad y deja a las niñas aún más desprotegidas.
Niñas y niños criando a otros niños
Entre los registros también figuran 22 nacimientos en niñas de 12 y 13 años cuyos hijos fueron registrados con padres de edad similar. Para Equifonía, esto no elimina la responsabilidad estatal. “Aunque el porcentaje es menor, por ejemplo, de casos de niñas donde se registró un padre que también es un niño, en estos casos también se tendría que dar aviso, tendría que iniciarse también una carpeta de investigación, porque ahí hay dos familias que están muy probablemente incurriendo en omisión de cuidados”.
Desde su experiencia, estos casos reflejan abandono estructural: “Son dos niños, una niña y un niño, con un grado de descuido que está derivando en un embarazo y en un parto. Están siendo niñas y niños criando a otros niños, y eso tendría que atenderse también”.
Urge diagnóstico institucional y acceso al aborto legal
González Saavedra subraya que el sistema no solo falla en prevenir, sino que reproduce la violencia: “Las instituciones actúan de manera inadecuada, por lo tanto no reducen el daño, sino lo incrementan”.
Y advierte que esta omisión tiene consecuencias:
“Están favoreciendo no solo que persista la impunidad, sino que esas niñas estén aún más vulneradas, en condiciones donde a los 10 u 11 años están siendo obligadas a ser madres”.
Equifonía propone que los gobiernos municipales realicen diagnósticos sobre derechos vulnerados y garanticen el acceso efectivo a servicios de salud reproductiva previstos en la ley:
“Una medida tendría que ser este diagnóstico de derechos vulnerados, que deben hacer los gobiernos municipales, y el acceso a servicios de salud como lo es la interrupción voluntaria del embarazo, que ya está establecido en nuestro Código Penal”.
AVC/ doh
