La alternancia partidista es hoy, -quizá-, la manifestación más importante de la salud de una democracia. Sin embargo, la crisis inducida desde Palacio Nacional sobre el INE tiene gran significado para visualizar el futuro de nuestro país.
Esta crisis del INE podríamos equipararla, -en el ámbito médico-, como un “COMA INDUCIDO”. A unos cuantos meses de la elección intermedia, -donde se elegirán legisladores y además gobernadores-, se desata una “cacería de brujas” que lleva el objetivo de desacreditar a la institución y dejarla paralizada, -y de este modo-, tener argumentos para intervenirla directamente a conveniencia del gobierno en el poder.
“Quien parte y reparte se lleva la mejor parte” dice un refrán producto de la sabiduría popular. La presidenta se encargó de repartir la paternidad política de Guadalupe Taddei por todas las administraciones desde el 2014 en que ella presidió el instituto electoral de Sonora como consejera presidente del IEE y con eso le quita el “estigma” de ser morenista. Así el lodazal de corrupción que le rodeó se vuelve patrimonio de muchas administraciones.
No importa que quien la empoderó fue MORENA, -que López Obrador la elogió en una mañanera y que en octubre del 2024 Morena y sus aliados le dieron facultades unipersonales, -conocidas como “Superpoderes”-, para manejar al INE según su criterio personal y ya no de forma institucional, como sucedió con todas las administraciones anteriores incluida hasta la de Lorenzo Córdoba.
Con estos “superpoderes”, -promovidos por el senador de MORENA Pavel Jarero Velázquez-, con el apoyo de Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Cámara de Diputados, ella pudo asignar contratos a los Hernández Casillas, -sus proveedores favoritos-, e incluso, les dio poder para dar órdenes a funcionarios del INE, ostentándose como personeros de la presidenta Taddei.
Los “superpoderes” le permitieron administrar el cuantioso presupuesto como si fuera el gasto de “su casa” y con ello el Congreso morenista le dejó “el arca abierta” para que dispusiera personalmente de él.
En el “reparto de culpas” la presidenta ahora exige auditorías, desde la presidencia de José Woldenberg, -iniciada hace 30 años, en octubre de 1996-, y de paso, regresar a la cantaleta victimizadora de que en el 2006 hubo un fraude en contra de López Obrador y desde entonces, -desde hace 20 años-, el INE está podrido.
De este modo el “Zorro Plateado” se irá de gira política por todo el país, disfrazándola de promoción editorial, para impulsar su nuevo libro y de paso, burlar todos los controles de la legislación electoral. La simulación tramposa es el sello de la casa.
Siguiendo la lógica obradorista, si el INE está podrido, hay que desaparecerlo y hacer de él una dependencia de la Secretaría de Gobernación, como lo fue hasta 1996, -en que con visión democrática-, el presidente Zedillo lo independizó de su gobierno.
Parece ser que no hemos entendido que quienes hoy gobiernan consideran que no hay otro camino para México que su proyecto unipersonal, que es la 4T.
Ya lo han manifestado reiteradamente López Obrador, la presidenta Sheinbaum y los otros líderes de este movimiento, para lo cual han concentrado el poder político y social en el Poder Ejecutivo, destrozando todos los avances democráticos.
¿Es un proyecto de país que quieren imponer o simplemente retener el poder? … es la pregunta que nos debemos hacer.
Porfirio Díaz también permitía las elecciones, pero como consideraba que el país no estaba preparado para la democracia, hacia simulación e imponía a sus candidatos con argucias legaloides para proyectar públicamente una vocación democrática que guiaba su gobierno.
Por lo menos Porfirio Díaz, -teniendo como lado oscuro haber sido un dictador-, modernizó a México. Introdujo el ferrocarril, la electricidad, construyó puertos marítimos, puentes, carreteras, impulsó la educación, saneó las finanzas y pacificó con mano dura a este país violento.
En contraste, López Obrador destruyó las instituciones, centralizó el poder, debilitó la economía, permitió que creciera la violencia… y acabó con la democracia.
López Obrador como cabeza de este movimiento, -la 4T-, nunca aceptará una derrota en una elección presidencial. Su megalomanía se lo impide, -pero además-, su temor de que la justicia caiga sobre su familia con todas las evidencias que existen, lo hará defender el poder a costa de lo que sea, aún al precio de incendiar al país.
Parece ser que nadie entiende esto, y no se comprende que la elección intermedia es fundamental para la 4T para retener el poder. La 4T necesita la mayoría calificada para generar leyes que blinden la retención del poder para los suyos
Además, nadie le ha hecho ver a las Fuerzas Armadas que ellos son el garante de la democracia, pues ésta representa la voluntad del pueblo-, y que si bien su jefe
supremo es quien gobierna, su compromiso mayor debe ser con el país, y por tanto, no deben prestarse a respaldar acciones que pudiesen quedar al margen de la ley.
La elección para gobernador de Sinaloa, -de hace seis años-, marcó una pauta respecto al riesgo de intervención del crimen organizado en el ámbito electoral, lo cual las instituciones de procuración de justicia de este régimen nunca investigaron, aunque sí hubo denuncias.
De la acusación realizada por el periodista Héctor de Mauleón en contra de la presidenta actual de MORENA, -Ariadna Montiel-, de que en el 2024 se reunió con el hermano de el Chapo Guzmán en el municipio de Guadalupe y Calvo, Estado de Chihuahua, -para negociar apoyos-, sólo existe la declaración del Gabinete de Seguridad, -morenista-, negando la veracidad de la información pero sin aportar evidencias que sustenten sus dichos, no obstante que ella era secretaria de desarrollo social y como miembro del gabinete su agenda era pública.
Hasta hoy el Congreso, -dominado por MORENA y aliados-, sospechosamente no ha generado ni una iniciativa “seria” de blindaje para impedir la participación del crimen organizado en las elecciones del 2027.
Hoy que el gobierno norteamericano pone el dedo en la llaga respecto al contubernio entre autoridades mexicanas y crimen organizado, el Congreso, -mayoriteado por la 4T-, se blinda y crea leyes que ponen como causal de nulidad de elecciones la intervención de instituciones extranjeras.
Aunque no se ha definido tal cual las características que debe tener esta intervención-, seguramente pronto categorizarán como “traición a la patria” las denuncias que haga cualquier mexicano ante instituciones extranjeras e impedirán la participación libre de observadores internacionales en nuestras elecciones.
El punto específico es que en el 2027 la lucha por el Congreso será “la madre de todas las batallas”, pues de ahí dependerá que siga la mayoría calificada espuria de la 4T, mientras seguramente las ambiciones personales en la oposición enfilarán baterías hacia las gubernaturas.
La oposición política debe preparar un plan estratégico de “contención jurídica” por si fuese el caso.
El Congreso debe ser la prioridad, pues de ahí se derivará si nuestra democracia sobrevive o se sustituye por una simulación democrática.
TIRADO A LA BASURA
La cancelación del aeropuerto de Texcoco ordenada por López Obrador hasta hoy le ha costado al país un mil doscientos cuarenta y tres millones de dólares, -que al valor del dólar hoy que es 18.62 pesos-, representan un poco más de 23 mil millones de pesos, simplemente en pagos de compensaciones y penalizaciones a los proveedores.
Sin embargo, aún faltan por pagar tres mil 152 millones de dólares, -casi 60 mil millones de pesos-, que terminarán de liquidarse en el año 2047.
Un capricho personal que tuvo un alto costo que estamos pagando todos los mexicanos, y que seguiremos pagando durante los próximos 20 años sin tener el aeropuerto que nos merecíamos. 83 mil millones de pesos tirados a la basura.
Este daño patrimonial a la nación seguramente quedará impune, -protegido por la indiferencia de casi todos los mexicanos-, que hemos tenido que aceptar las limitaciones presupuestales en salud, educación e infraestructura de calidad.
¿A usted que le parece?
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