Las reformas a la Constitución que nacen por razones subjetivas son peligrosas, pues terminan en la improvisación. Sin embargo, cuando nacen movidas por la venganza, -como la reforma al Poder Judicial-, pueden ser destructivas.
Esta reforma nació como una venganza del presidente López Obrador en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haberse negado a extender el periodo de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, -quien fue su aliado incondicional-, como lo exhibió el mismo presidente López Obrador. Por tanto, la mal llamada reforma casi se centró en la sustitución de personas en los cargos relevantes del Poder Judicial: ministros, magistrados y jueces y en la mecánica de asignación de cargos, definiendo como medio una elección pública, en la cual sólo participó el 10% del total de ciudadanos que forman parte del padrón electoral, lo cual pudo permitir la manipulación del voto a través de los “acordeones”.
Sin embargo, los graves problemas del sistema de impartición de justicia ni siquiera fueron revisados.
Lo más grave es que no hubo control de calidad en la selección de ministros, magistrados y jueces.
De entrada, ni se consideró la instrumentación de controles. Debía haberse instrumentado un filtro a partir de pruebas “de confianza”, para asegurar la “calidad moral” de los nuevos funcionarios. Hubo jueces que ganaron la elección estando en prisión, así como también jueces que antes trabajaron como abogados de delincuentes.
Respecto de la experiencia en materia judicial podemos decir que se les dio el cargo a quienes nunca antes habían trabajado en el Poder Judicial, y a otros, que incluso no tenían el mínimo de calificaciones exigido como requisito.
Se vuelve urgente exigir la aplicación de pruebas de confianza para garantizar la calidad moral de los juzgadores, así como su honestidad. Para ello es necesaria la creación de un organismo independiente del Poder Judicial que controle los exámenes y aplique las pruebas.
Quizá el modelo de institución podría ser equivalente a la Auditoría Superior de la Federación, organismo que fiscaliza a todas las entidades gubernamentales y reporta sus resultados al Poder Legislativo.
Si el nuevo Poder Judicial se vigila a sí mismo, se corre el riesgo de la autocomplacencia y contubernio.
La calidad moral es el requisito fundamental que debe cumplir todo juzgador para evitar caer en las tentaciones de la corrupción. El poder de decidir respecto a la libertad de un ciudadano es una gran responsabilidad, pero también una gran tentación de lucrar con las sentencias.
Sólo una persona con valores morales, vocación por la justicia y sentido de responsabilidad puede ser capaz de vencer las tentaciones. Por ello es tan importante garantizar que quienes llegan a esos cargos sean personas excepcionales, moralmente sólidas y con madurez emocional.
Entre las pruebas que debiesen pasar jueces, magistrados y ministros debe considerarse un estudio psicométrico para determinar los rasgos de personalidad de los juzgadores. Sólo de ese modo se evitará la llegada de quienes tengan trastornos psicológicos que puedan afectar el desempeño de su actividad y generar sentencias aberrantes
A su vez, el dominio de los temas jurídicos y los constitucionales debe ser óptimo, pues deben competir contra los abogados que representan a los acusados.
Los nuevos juzgadores ya están tomando posesión de sus cargos, después de un proceso electoral atropellado, cuestionable por la utilización de acordeones para inducir el voto y con una participación ciudadana carente de representatividad
HACER POLÍTICA O IMPARTIR JUSTICIA
Javier Laynez Potisek, -presidente de la segunda sala de la SCJN-, en su último informe de actividades documentó el estado de asuntos pendientes. Estos deberán ser resueltos por los nuevos ministros:
“Estamos regresando a la secretaría general de acuerdos de la Suprema Corte únicamente 47 asuntos pendientes: 5 del ministro Alberto Pérez Dayán, los 4 asuntos míos, 2 asuntos de la ministra Yasmín Esquivel y 36 asuntos de la ministra Lenia Batres, estos 47 son los que se turnan como pendientes para que sea el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -en su nueva integración-, quien se encargue de resolverlos”.
Ante este bajo rendimiento de la ministra Lenia Batres no podemos olvidar que ella pasó tiempo valioso, -en que debía cumplir con sus obligaciones-, haciendo campaña en lugar de desahogar los casos que estaban bajo su responsabilidad.
La ministra Batres dejó pendientes 36 casos del total de 47 que dejaron entre todos.
No se puede impartir justicia y hacer política a la vez.
PRUEBAS
Recordamos el entusiasmo con que el presidente López Obrador y sus seguidores recibían las declaraciones de los testigos protegidos que participaban del caso García Luna cuando daban nombres de funcionarios del periodo neoliberal y gente coludida con el crimen organizado… jamás, -ni remotamente-, pidieron pruebas. Ni tampoco cuando el juicio del Chapo expuso públicamente algunos nombres.
Sin embargo, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, -secundada por el gobernador de Sinaloa Rocha Moya-, exigen pruebas de cualquier señalamiento hecho por el Mayo Zambada… ¡Cómo cambian los tiempos!
ESTAFA MAESTRA Vs. ESTAFA EN SEGALMEX
La FGR ha concluido la investigación en contra de Emilio Zebadúa, quien fuera oficial mayor de la SEDATU y la SEDESOL en el sexenio de Peña Nieto y por ello la FGR pretende judicializar este caso.
Sin embargo, jamás se ha investigado la responsabilidad del director general de SEGALMEX, Ignacio Ovalle, por el fraude realizado durante el sexenio de López Obrador en esta institución… una estafa casi tres veces mayor que la estafa maestra del sexenio peñista. Sin embargo, Rosario Robles pasó tres años en prisión preventiva sin que se le acreditara el delito de la “estafa maestra”, y Ovalle, -amigo personal de López Obrador-, ni siquiera fue cuestionado por este fraude.
La justicia en tiempos de la 4T.
