Es notorio que detrás de los desastres provocados por Ingrid y Manuel, -que ya suman 147 fallecidos y decenas de miles de familias damnificadas-, hay un problema más profundo y antiguo que el hecho de que en Guerrero se desestimaran los avisos que dieron las autoridades federales.
Sin escatimar responsabilidades de los funcionarios guerrerenses, -lo cual podría llevar una dosis de intenciones políticas-, el origen real del problema tiene que ver con la regularización y tenencia de la tierra.
Todos sabemos que desde muchos años atrás las autoridades locales, -en muchas entidades del país-, han vendido autorizaciones de construcción a desarrolladores que edificaron en terrenos donde el impacto ambiental ha sido desastroso.
Ríos desviados de su cauce natural, edificaciones realizadas en el lecho de ríos secos que la naturaleza reactiva de vez en cuando, construcciones en manglares y zonas protegidas y mucho peor aún, los asentamientos irregulares en zonas de riesgo por gente desesperada por una vivienda, que son tolerados por las autoridades.
Éstos y otros muchos hechos constituyen una agresión al medio ambiente que de vez en cuando provocan una revancha por parte de la naturaleza, que se siente violentada.
La ignorancia de los moradores es un importante actor de estas tragedias. En casi todos los casos estas personas son víctimas de las ambiciones económicas o políticas de terceros, - ya sean éstos empresarios de la construcción que consiguen las autorizaciones gubernamentales en el contexto de la corrupción-, o de líderes supuestamente sociales que les provocan a invadir predios, -ya sea para cobrarles una cuota-, o para usarlos como carne de cañón con fines políticos. Éstos son los auténticos responsables, pues manipulan las necesidades básicas de gente desesperada, a la que ocultan los riesgos que están asumiendo por vivir en zonas prohibidas.
En México la regularización de la tierra siempre se ha ejercido para dirimir conflictos entre personas que consideran tener derechos sobre terrenos específicos, pero nunca con una visión de reordenamiento territorial.
Para prevenir catástrofes futuras es necesario que el gobierno federal haga un censo de zonas de riesgo convertidas en área residencial. Si ya lo tiene hecho, entonces debe proceder jurídicamente para desalojar a los moradores de estas zonas, con costo a los desarrolladores que actuaron deshonestamente, para que repongan las viviendas en alguna región segura y a los líderes gandallas mandarlos a la cárcel o que reintegren el dinero cobrado.
Esto no es una opción política, sino que es cuestión de sobrevivencia frente a una naturaleza que hoy está enfurecida.
