El presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado que presentará a inicios del pro?ximo mes de febrero su reforma al Poder Judicial.
En esta se insiste que jueces y magistrados sean elegidos por el voto de los ciudadanos y que quienes aspiren a estos cargos debera?n de cubrir ciertos requisitos y perfiles.
La iniciativa no excluye la posibilidad de que los actuales jueces, magistrados y ministros puedan participar en el proceso, pues la finalidad de esta eleccio?n es que la ciudadani?a los conozcan y puedan elegir.
Sobre esta iniciativa hay muchos cuestionamientos y dudas, por ejemplo, si las elecciones sera?n nacionales o regionales, si se tendra?n que hacer campan?as proselitistas, o bien, si el nu?mero de aspirantes es suficiente o excesivo.
En el discurso, el presidente ha calificado a algunos de los ministros de la Suprema Corte como conservadores y que responden a intereses de grupo, pero ¿quie?n apoyari?a a los candidatos a ocupar puestos en el Poder Judicial durante su campan?a?
Naturalmente, los partidos poli?ticos seri?an los que cuenten con la infraestructura territorial y recursos econo?micos para poder hacerlo, lo cual tendri?a como resultado jueces, magistrados y ministros “de partido” y no saldri?amos de lo mismo.
Si los recursos para las campan?as son otorgados por el INE, se encareceri?an los costos de los procesos democra?ticos en el pai?s, pero si no lo hace y no hay supervisio?n sobre la procedencia de estos, se podri?an inmiscuir recursos ili?citos y tener como resultado un sistema judicial a modo de la delincuencia organizada.
Si bien es cierto que el sistema judicial requiere modificaciones para ser expedito y justo con las vi?ctimas, esto no se logrará con la propuesta del presidente.
Lo que se requiere es un ana?lisis serio y colectivo por las universidades especialistas, los centros de investigacio?n y el colegio de abogados para adecuar el marco de actuacio?n de este poder y evitar la subordinacio?n y obediencia al palacio nacional.
