La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de 763 auditorías practicadas en empresas y dependencias del gobierno federal en 2022.
Las auditorías concluyeron que hasta ese año había 33 mil 186 millones de pesos sin aclarar su uso. No se sabía en qué los gastaron o si se los robaron.
Sin aclarar su destino o en dónde quedó ese dinero, hasta el 2022, sumaron:
Estimamos que al terminar este gobierno sus seis años en el poder, el total de esas cantidades se duplicará, convirtiéndose en la cifra más alta de desviación de recursos de cualquier gobierno de México en el siglo XX y XXI.
Desde luego, si gana las próximas elecciones la candidata de Morena esos millonarios desvíos quedarán en el olvido, sin ninguna investigación ni castigo a quienes ilícitamente tomaron o robaron esos millones.
Si gana la candidata de oposición es muy probable que se amplíe y fundamenten más esos desvíos, y metan a la cárcel a los responsables.
Hasta la fecha, mayo de 2024, más del 90 por ciento de esos recursos siguen sin aclararse.
Es necesario que las cifras de los gastos del gobierno federal y de las empresas estatales se publiquen con cifras más completas, al alcance de la mayoría de los mexicanos.
Que el gobierno no se reserve cifras con la excusa de que son datos protegidos por seguridad nacional.
Debe plasmarse en la Constitución la obligación de gobiernos federal, estatales y municipales, de dar a conocer con cifras claras el destino de sus gastos públicamente.
Terminar con la “ley del embudo, lo angosto para quien paga impuestos: todo el peso de la ley por evadir impuestos, pero lo ancho: toda la flexibilidad y opacidad para gastar los impuestos, sin la obligación de dar a conocer claramente a los ciudadanos cómo se gastan los impuestos que ellos pagan.
