Hay frases que, dependiendo de quién las pronuncia y desde dónde se pronuncian, adquieren un peso distinto. “Ya los tenemos ubicados” podría parecer una expresión inocente en una conversación cualquiera. Pero cuando la dice una funcionaria de alto nivel del gobierno mexicano, mientras exhibe públicamente los nombres de periodistas, medios, políticos y comentaristas, la frase deja de ser inocente. Se convierte en una advertencia.
Y en México, las advertencias dirigidas a periodistas no pueden analizarse como si ocurrieran en un país cualquiera.
Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, presentó recientemente en su espacio “Derecho de Réplica” lo que definió como un análisis de un “ecosistema de amplificación digital”. Según su explicación, no se trataba de una lista negra, sino de una representación de cómo determinados medios, periodistas, políticos y cuentas digitales retoman y amplifican determinadas narrativas contra el gobierno.
Podemos discutir durante horas si existe o no coordinación entre medios, políticos, comentaristas y usuarios de redes sociales. Podemos cuestionar la manera en que circula la información y podemos, por supuesto, exigir que el gobierno responda a las críticas y desmienta aquello que considere falso.
Lo que no deberíamos normalizar es que desde el poder se exhiba a periodistas por nombre y apellido —y, peor aún, con sus datos de contacto— para explicar quiénes son aquellos que supuestamente participan en una determinada narrativa.
Porque una cosa es responder a una información y otra muy distinta es identificar públicamente a quienes la difunden.
El lenguaje importa.
“Los tenemos ubicados”.
¿Quiénes son “ellos”? ¿Qué significa tenerlos ubicados? ¿Para qué sirve que una autoridad federal sepa quiénes son, dónde trabajan, qué publican y cómo contactarlos? ¿Qué mensaje recibe un periodista que ve su nombre proyectado desde Palacio Nacional como parte de un supuesto entramado de amplificación?
Tal vez la intención oficial sea exclusivamente analítica. Tal vez, como ha explicado Alcalde, se trate de estudiar la circulación digital de determinadas narrativas. Pero en política no basta con explicar la intención: también hay que hacerse responsable del efecto que producen los actos del poder.
Y el efecto, en este caso, es profundamente inquietante.
México no es un territorio ajeno a las listas, las amenazas, el señalamiento y la violencia contra quienes ejercen el periodismo. Se documenta actualmente 181 periodistas asesinados en México desde el año 2000 en posible relación con su labor. También registra 32 periodistas desaparecidos.
En 2025 fueron asesinados siete periodistas y se registró una desaparición. Además, se han documentado 451 agresiones contra la prensa durante ese año.
Y mientras escribo estas líneas, México vuelve a sumar nombres a esa dolorosa estadística. En julio de 2026 fue asesinado el periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca. En Veracruz, el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán volvió a recordarnos que ejercer el periodismo puede significar literalmente poner la vida en riesgo.
Por eso resulta imposible mirar una exhibición pública de periodistas con la misma ligereza con la que se observa un gráfico de redes sociales.
Aquí no estamos hablando únicamente de comunicación digital.
Estamos hablando de poder.
El Estado tiene recursos, información, capacidad institucional y una enorme plataforma de comunicación. Un periodista independiente no tiene ese mismo poder. Cuando una autoridad coloca su nombre en una pantalla y lo identifica como parte de un supuesto ecosistema opositor, la relación es profundamente asimétrica.
Y esa asimetría importa.
No estoy diciendo que los periodistas sean intocables. No lo somos. Los periodistas también podemos equivocarnos, publicar información falsa, tener intereses, responder a determinadas agendas o incluso ejercer mal nuestro oficio. Precisamente por eso existe la crítica, la réplica, la rectificación y el debate público.
Pero el gobierno debe debatir con periodistas, no señalarlos.
Debe responder a sus investigaciones, no elaborar mapas de sus críticos.
Debe demostrar que una información es falsa, no convertir a quien la difundió en parte de una lista pública.
Porque cuando el poder comienza a clasificar a los periodistas entre “amigos” y “enemigos”, entre quienes ayudan y quienes “golpean”, se abre una puerta muy peligrosa.
Y la historia latinoamericana nos ha enseñado que las democracias no se deterioran únicamente cuando aparecen tanques en las calles. También se deterioran cuando la crítica comienza a ser presentada como traición, cuando el disenso es convertido en conspiración y cuando quienes incomodan al poder empiezan a ser señalados.
No se trata de defender a un periodista en particular. Se trata de defender el principio.
Hoy pueden aparecer en una pantalla los nombres de periodistas con los que coincidimos o con los que discrepamos. Mañana puede tocarle a alguien más. Y pasado mañana puede tocarle a cualquiera que tenga una voz pública.
Por eso me preocupa más la frase que la lista.
“Ya los tenemos ubicados”.
Porque un periodista debería querer que el gobierno lo ubique por sus investigaciones, por sus preguntas, por sus críticas, por su trabajo. No porque exista una clasificación oficial de quiénes son los que incomodan.
En un país donde cientos de periodistas han sido asesinados, desaparecidos, amenazados o agredidos, el poder debería ser extraordinariamente cuidadoso con las señales que envía.
No necesitamos más periodistas ubicados.
Necesitamos periodistas protegidos.
Necesitamos periodistas libres.
Necesitamos un gobierno suficientemente fuerte para soportar la crítica sin convertir al crítico en enemigo.
Y necesitamos entender que la libertad de expresión no se demuestra cuando el poder permite que hablen quienes están de acuerdo con él. Se demuestra cuando puede escuchar a quienes lo cuestionan sin señalarlos, perseguirlos ni intimidarlos.
Porque al final, el problema no es una lista.
El problema es lo que una lista puede significar cuando viene acompañada de la frase: “ya los tenemos ubicados”.
En México, esa frase debería hacernos detenernos a todos.
Especialmente a quienes todavía creemos que una democracia necesita periodistas que puedan escribir, preguntar y disentir sin preguntarse, antes de publicar, si alguien desde el poder ya los está ubicando.
Comentarios: draclaudiaviveroslorenzo@gmail.com
