El reciente escándalo conocido como huachicol fiscal, con implicaciones directas en la Secretaría de Marina (Semar), ha sacudido no solo la reputación de esa institución, sino la credibilidad del discurso de combate a la corrupción que ha sido central en los últimos gobiernos de la Cuarta Transformación (4T) en México. Este caso pone en evidencia cómo redes de corrupción institucional crecen cuando hay vacíos de vigilancia, complicidad en aduanas, y conexiones políticas que resultan difíciles de desentrañar.
Recientemente fueron aprehendidas 14 personas relacionadas con una red de huachicol fiscal: entre ellas empresarios, marinos en activo, un marino retirado y exfuncionarios de aduanas. Figuran quienes son los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna (vicealmirante de la Semar) y Fernando Farías Laguna, familiares políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. Otros implicados: Capitán Sol (Miguel Ángel Solano Ruiz), “Santo” (testigo colaborador), Climaco Aldape Utrera, Francisco Javier Antonio Martínez (exgerente de Administración y Finanzas de Asipona en Tampico), marinos como Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez, Carlos de Jesús Estudillo Villalobos o Sergio Varela Morales, entre otros. Se decomisaron al menos 10 millones de litros de diésel en marzo pasado en el puerto de Tampico, como parte de esta red. También se reportan decomisos de más de 50 millones de litros de diésel ilegal proveniente de EE.UU. en operaciones detectadas por aduanas. En cuanto a pérdidas fiscales, especialistas estiman que el huachicol fiscal representa un boquete de aproximadamente 177,000 millones de pesos al año para el erario. Modus operandi revelado: Utilización de documentación apócrifa para importar combustibles o que estos pasaran como aditivos o líquidos distintos, así evadiendo los impuestos correspondientes (IEPS, IVA). Colocación de mandos cómplices en aduanas y puertos estratégicos, para facilitar los desembarques ilegales y evitar revisiones. Uso de empresas de transporte, agencias aduanales, empresas fantasma o factureras, estaciones de servicio, y redes de corrupción aduanera para legalizar en apariencia los movimientos de combustible.
Se menciona que los implicados más visibles son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien fue Secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador (2018-2024). Omar García Harfuch (Secretario de Seguridad) y Alejandro Gertz Manero (Fiscal General de la República) han sido voceros de las investigaciones recientes y de las acciones contra los implicados. Claudia Sheinbaum, siendo ya presidenta (o en ejercicio del nuevo cargo), ha confirmado las detenciones y las investigaciones, mostrando una disposición visible del gobierno entrante a continuar con estas pesquisas. También se han señalado omisiones o lapsos en denuncias previas: por ejemplo, que la red habría sido denunciada hace dos años por el propio exsecretario Ojeda, pero no se actuó con firmeza hasta ahora.
El hecho de que se estén haciendo públicos datos del modus operandi, nombres, cantidades, implicados de distintos niveles, es un avance frente a los escasos resultados que se veían en escándalos similares del pasado.Hay al menos tres dependencias involucradas: la FGR, la Secretaría de Marina, la SSPC, y la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto sugiere que no es solo un esfuerzo aislado, sino un operativo más amplio. Se han detenido a personas clave; se han asegurado grandes volúmenes de combustible ilegal; se han identificado empresas y aduanas implicadas; se han bloqueado bienes y cuentas.
La Marina era vista como una de las instituciones con mayor disciplina y, en teoría, menor corrupción dentro del esquema de la 4T. Este escándalo la golpea profundamente. Que los líderes visibles del esquema sean familiares políticos de altos mandos militares sugiere que no solo hay corrupción operativa, sino también estructuras de protección que podrían venir desde las más altas instancias. Que haya denuncias previas sin seguimiento eficaz, advertencias sin contundencia, y que solo ahora se hayan generado arrestos visibles, plantea la pregunta de si hubo voluntad política, o si fue un escándalo que creció demasiado para ignorarlo. Las investigaciones y declaraciones han señalado —por ejemplo el testigo “Santo”— que algunos de los implicados tenían "amistades" o protección con figuras políticas dentro de la 4T, lo que alimenta la percepción de que el poder político podría estar al tanto, si no involucrado, o al menos tolerante hasta cierto punto. Aunque se han dado cifras como los 177 mil millones de pesos anuales estimados para el huachicol fiscal, muchas de esas estimaciones aún no se han judicializado totalmente. Las pérdidas reales, en términos de evasión, sobornos, complicidad y daño institucional, podrían ser mayores si se consideran todos los casos no aún descubiertos.
La Cuarta Transformación ha centrado gran parte de su legitimidad en la lucha contra la corrupción y en la renovación moral de la vida pública. Este escándalo pone a prueba esa narrativa, pues implica a quienes estaban bajo la sombra de integridad (la Semar) y desafía el discurso de limpieza institucional. Si el gobierno y las instituciones no actúan con firmeza —es decir, investigaciones completas, sanciones ejemplares, recuperación de bienes, transparencia plena— el riesgo es que la ciudadanía perciba que la 4T cae en los mismos vicios que critica, lo que erosiona el apoyo popular. Es clave que no solo se detenga a quienes aparecen en los medios, sino que se explique quiénes más están implicados, cómo se permitió que ocurriera durante tantos años, y cuáles omisiones o encubrimientos hubo. Esa rendición de cuentas no es solo legal, sino también política. Se necesita reforzar los controles en aduanas, puertos, estaciones marítimas, así como mejorar la supervisión de mandos navales y aduaneros, poner límites claros a las influencias políticas y familiares, y asegurar que las denuncias antiguas sean atendidas.
Que los implicados sean procesados sin privilegios, que la justicia actué independientemente de su rango militar o político. Que la ley alcance a todos, no solo a “los de abajo”.
El escándalo del huachicol fiscal que alcanza a la Secretaría de Marina es una prueba de fuego para el gobierno de la 4T, para sus instituciones y su promesa de regeneración. Hay avances, golpes legítimos, visibilización de red corrupta, decomisos impresionantes, pero también hay sombras: vinculaciones políticas, demoras, percepciones de encubrimiento, daños al prestigio de una institución militar altamente valorada.
El costo político y moral de este affaire será alto si no se toman medidas claras. No basta con detenciones: se necesita justicia, transparencia, reparación y prevención. Porque el riesgo es que este episodio se sume a los muchos otros que minan la confianza ciudadana, y que la narrativa de lucha anticorrupción termine por parecer retórica sin músculo.
La pregunta que queda es: ¿será este escándalo el momento en que la 4T demuestre que realmente diferencia su discurso de lo que hace, o habrá otro capítulo más en la larga historia de escándalos y buenas intenciones interrumpidas?
