La obligatoriedad de vincular el número de teléfono celular con la CURP ha generado una fuerte polémica en materia de seguridad digital, privacidad y derechos humanos. Para el experto en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor, resulta incluso difícil hablar de “pros y contras”, ya que, desde su perspectiva, los riesgos y fallas del nuevo registro superan con creces los posibles beneficios.
Entrevistado en Periodismo de Análisis de XEU, detalló que si bien reconoce que la intención original de la medida —combatir delitos como la extorsión y el secuestro virtual— no es necesariamente negativa, señala que el problema radica en su origen y ejecución apresurada. La ley fue aprobada con rapidez y sin un parlamento abierto que incluyera a expertos técnicos o a la iniciativa privada, lo que impidió el correcto desarrollo de las plataformas necesarias para registrar más de 150 millones de líneas telefónicas, una cifra incluso mayor al número de habitantes en México.
Uno de los principales focos de alerta es la seguridad de los datos personales. Desde la entrada en vigor del registro, el pasado 9 de enero, se han documentado vulnerabilidades graves, particularmente en Telcel, empresa que concentra más del 60% del mercado. De acuerdo con Gómez Villaseñor, se detectaron fallas que permitían a terceros acceder a información personal de cualquier usuario sin ser titulares de la línea. Aunque la empresa negó inicialmente la situación, ya existe una investigación abierta por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El especialista advierte que no se puede descartar que otras compañías enfrenten problemas similares.
Otro de los argumentos centrales en contra del registro es que no existe evidencia internacional de que este tipo de medidas reduzca los delitos que busca combatir. Por el contrario, en países como Perú, Colombia, Brasil y España, donde se implementaron esquemas similares, se registró un incremento en extorsiones y fraudes. En Perú, por ejemplo, surgió un nuevo modus operandi: delincuentes pagaban a personas en situación de pobreza para usar su huella digital y registrar líneas a nombre de terceros. En Brasil, la suplantación de identidad se facilitó debido a filtraciones masivas de datos, un escenario que el experto considera muy probable en México. En España, la medida derivó en un aumento del SIM swapping, práctica que puede incluso comprometer cuentas bancarias.
Desde el punto de vista de los llamados “pros”, Gómez Villaseñor reconoce que el registro podría facilitar las investigaciones de las autoridades, al permitir un rastreo más rápido de las líneas telefónicas vinculadas a delitos, siempre con la autorización judicial correspondiente. No obstante, subraya que este beneficio no compensa los riesgos estructurales del sistema ni el impacto potencial en personas inocentes, que podrían ser investigadas por delitos cometidos con líneas registradas a su nombre mediante suplantación de identidad.
El especialista también advierte sobre un posible aumento en la vigilancia y el control, aunque aclara que los datos no estarán en manos directas del gobierno, sino de las empresas de telefonía. Aun así, considera que el esquema abre la puerta a abusos y a un debilitamiento de la privacidad.
Finalmente, Gómez Villaseñor recuerda que intentos similares en el pasado fueron frenados por la Suprema Corte. Hoy, el panorama es distinto: las acciones de inconstitucionalidad ya no son viables y las posibilidades legales se reducen a amparos individuales o incluso a llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diversas organizaciones y especialistas ya habían advertido estos riesgos, y, según el experto, muchos de ellos ya se están materializando.
