Una descarga eléctrica ocasionada por fallas en el suministro o en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en vía pública, puede causar daños físicos, materiales y económicos.
Pero ¿es posible demandar a la empresa por estos accidentes? El abogado Dany Daniel Osorio, explicó lo que debe de hacer la familia en materia legal si una persona sufre de este accidente en la vía pública.
“De rigor se debe de presentar la denuncia por los familiares, ya que hay una perdida humana, incluso si solo hubiera sido lesiones. La Fiscalía tendrá la oportunidad de determinar mediante periciales la responsabilidad, cuáles fueron las causas de esa pérdida humana”, dijo.
Añadió que la familia también está en la posibilidad de acudir a una instancia distinta de carácter civil, que puede ser ante un juzgado federal y reclamar la responsabilidad objetiva civil a comisión.
“La responsabilidad objetiva se da por el uso de herramientas, instrumentos y líquidos, sustancias peligrosas o de riesgo para personas”, explicó.
El abogado comentó que en la vía civil los familiares pueden reclamar distintos conceptos, si es el caso de una muerte por descarga eléctrica podría ser un monto de un millón 400 mil pesos, según lo que marca la Ley del Trabajo.
“De acuerdo a la Ley del Trabajo tiene derecho a 5 mil 70 salarios mínimos, la multiplicación de un salario mínimo por 5 mil 70 nos dará aproximadamente un millón 400 mil pesos, con independencia de la afectación moral que puede sufrir la familia, porque el daño no solamente es la pérdida de una vida, sino afectaciones emocionales”.
Recalcó que todos los procesos de este tipo son tardados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pues se deben de realizar todas las fases que conlleva un juicio, por lo cual podría tardarse más de un año, el proceso inicial del proceso penal puede demorar hasta 2 o 3 años.
Agregó que un resultado mucho más rápido podría ser en la vía civil, pero en caso de que la familia no cuente con recursos para contratar un abogado puede acercarse a la defensoría pública para saber si pueden ser representados por el estado.
