La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) condenó y denunció la agresión a exjueces cuando protestaban “legítimamente” en la Ciudad de México ayer miércoles, para exigir su indemnización tras ser separados del cargo con la entrada en vigor de la reforma judicial.
Emite el siguiente comunicado
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) condena de manera enérgica el uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad contra personas juzgadoras que se manifestaban legítimamente en la sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Las personas juzgadoras en retiro se manifestaban ante la dilación en la entrega de las indemnizaciones a las que tienen derecho. Resulta contradictorio que, mientras el Órgano de Administración Judicial llama al diálogo, de manera simultánea recurra al uso de la fuerza pública para contener una expresión legítima y pacífica.
JUFED, asimismo, expresa su preocupación por la falta de pago íntegro y oportuno de las indemnizaciones previstas en la reforma constitucional que derivó en la separación forzada de un porcentaje de personas juzgadoras, así como por versiones públicas de que el OAJ estaría aplicando criterios de cálculo contrarios a los derechos de las y los titulares afectados.
Como organización nacional, hemos recibido reportes sobre una metodología de cálculo que no se ajustaría a los parámetros derivados de la propia reforma y de la normatividad aplicable, así como por una preocupante forma de entrega de los recursos, dado que numerosas personas juzgadoras residen fuera de la Ciudad de México y han visto interrumpidos sus ingresos, lo que incrementa su vulnerabilidad patrimonial y personal y genera riesgos logísticos y de seguridad innecesarios.
Reiteramos que la integridad de las indemnizaciones no es un beneficio discrecional, sino una obligación jurídica, y que cualquier intento de recortar, dilatar o condicionar los pagos pone en riesgo la continuidad del proceso. JUFED ha mantenido su disposición al diálogo y ofrecido su colaboración técnica para que los pagos se realicen conforme a derecho, en tiempo y forma y con plena transparencia. Sin embargo, el acto de violencia institucional cometido hoy contra las personas juzgadoras manda una señal en sentido contrario que debe ser condenado por la sociedad.
