El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha desatado una ola de indignación social y cuestionamientos sobre la eficacia del Estado en materia de seguridad; este crimen “marca un parteaguas” en la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país y expone el deterioro de las instituciones frente al crimen organizado, consideró Ghaleb Krame, especialista en temas de seguridad.
“Esta muerte es muy sensible porque llega en un momento en donde han existido una serie de fracturas en la gobernabilidad. Viene a tocar una herida muy profunda y la realidad es que parece ser un parteaguas; la población está muy molesta y la reacción del gobierno fue la peor”, sostuvo Krame en entrevista con XEU Noticias.
Tras el asesinato, las protestas ciudadanas en Uruapan fueron reprimidas por la policía estatal. Para el especialista, esto fue un grave error que aumentó la tensión social:
“Esta es una protesta totalmente orgánica, espontánea, no fue planeada. Y está siendo brutalmente reprimida por elementos de la fuerza estatal. Eso fue un error fatal, porque lo que debieron hacer era dejar que esa válvula de presión social escapara, no reprimirla.”
Krame subrayó que el contraste con otras movilizaciones no reprimidas, refleja una inconsistencia en el actuar del gobierno.
“Cuando la protesta es genuina y nace de la frustración, la reprimen. Eso es gravísimo”, afirmó.
El experto señaló que los intentos oficiales por politizar la tragedia han provocado un mayor enojo ciudadano.
“Otro error garrafal del gobierno fue querer politizar el asesinato. Ver a figuras cercanas al poder hablar de banalidades mientras Michoacán arde demuestra una desconexión con la realidad. Lo preocupante es esa distancia entre el gobierno y el sentir de la población.”
Según Krame, los datos de redes sociales y análisis de sentimiento muestran un malestar social orgánico, no de bots, lo que evidencia que la indignación es real y generalizada.
Aunque el alcalde contaba con protección de la Guardia Nacional y policías municipales, el ataque fue exitoso. Para Krame, aún no se puede afirmar si hubo complicidad o negligencia, pero urge una investigación seria:
“Sería muy aventurado inclinarse hacia una hipótesis. Primero hay que confirmar si realmente estaban los 14 elementos asignados. En los videos no se ven. Manzo pedía no solo seguridad personal, sino más presencia de fuerzas en el municipio, y eso nunca ocurrió.”
El especialista advirtió que los cárteles mexicanos han traspasado la frontera del crimen común y deben considerarse grupos terroristas bajo criterios internacionales.
“Cuando los cárteles dictan quién puede ser candidato o intervienen en la política, adquieren un fin político. Ya no son solo narcotraficantes; son terroristas, de acuerdo con la definición internacional.”
Finalmente, Krame concluyó que el principal perdedor con el asesinato de Carlos Manzo es el propio Estado mexicano.
“Pierde completamente el gobierno, se erosiona su credibilidad y la gobernabilidad. Decir que las protestas están inducidas es una ofensa para los mexicanos y para la familia de Manzo. Él representa a muchos alcaldes que se negaron a pactar con el crimen.”
