Diputados de Morena y sus aliados aprobaron en lo general y particular el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión; de último momento redujeron las penas de prisión para los funcionarios públicos cómplices de este delito.
En medio de una polémica por la naturaleza de una reserva presentada por Morena para reducir las penas de cárcel que tendrían los servidores públicos que sean omisos en la denuncia del delito, la nueva fue avalada por unanimidad de 456 votos.
Además, reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El documento, que deriva del análisis de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de once propuestas impulsadas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM y PT, da cumplimiento al decreto que declara reformado el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de extorsión, el cual otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley General que establezca, como mínimo, el tipo penal y sus sanciones en materia de extorsión.
El diputado Ricardo Monreal afirmó que con esta norma, el Estado podrá perseguir de oficio este delito y recibir denuncias a distancia, protegiendo la identidad de las víctimas.
Mientras que el coordinador del PAN, José Lixa, reclamó desde su curul por considerar que “ésta es la reserva Bermúdez”, “la ley Bermúdez”, en referencia a Hernán N, ex secretario de Seguridad en Tabasco y considerado líder del grupo criminal de “La Barredora”.
Y el diputado Marcelo Torres, del PAN, acusó que “lo que este gobierno presenta como un gran logro es un plagio, copiaron nuestra iniciativa, maquillaron los párrafos y ahora quieren colgarse la medalla”.
