El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a revocar visas a políticos mexicanos —entre ellos, alcaldes, diputados y hasta gobernadores en funciones— por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico, que desde hace tiempo han sido catalogadas por el país vecino como organizaciones terroristas internacionales.
En entrevista para XEU, David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad, esta medida forma parte de una estrategia de presión hacia el gobierno mexicano para frenar la participación electoral de los llamados narcopolíticos y debilitar la red de protección política que, según investigaciones, beneficia a los cárteles en diversas regiones del país.
Señaló que aunque hasta ahora el Departamento de Estado de EE. UU. no ha revelado oficialmente la lista completa, han comenzado a filtrarse nombres a la prensa, como el de una gobernadora en funciones de la zona norte del país y varios alcaldes fronterizos
"Están dando a conocer los nombres a cuentagotas. La intención es generar presión política y mediática", explicó Saucedo en entrevista para XEU.
Incluso se ha especulado sobre la posible inclusión de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, a quien se le preguntó directamente sobre si su visa había sido revocada, sin confirmar ni negar la información.
En ese sentido, señaló que las autoridades estadounidenses no están obligadas a justificar públicamente el retiro de visas, ya que es una atribución soberana decidir quién puede entrar a su país. Sin necesidad de presentar pruebas judiciales, basta con que se considere que un individuo representa un riesgo para negar o revocar el documento.
El analista puntualizó que el objetivo de esta política es inhibir la carrera política de funcionarios señalados por corrupción o vínculos con el crimen organizado. Además, se pretende:
Impedir que estos actores participen en elecciones intermedias o federales.
Filtrar a medios aliados los nombres de implicados.
Presionar al gobierno mexicano a negar candidaturas a quienes aparezcan en esta lista negra.
Añadió que el retiro de una visa estadounidense representa un golpe directo a la imagen pública de cualquier funcionario y aunque ahora no hay consecuencias legales inmediatas, el impacto mediático es profundo y podría influir directamente en los próximos procesos electorales.
