La reforma a la Ley de Amparo propuesta en el Congreso ha generado una creciente preocupación entre especialistas, juristas y organizaciones de la sociedad civil, especialmente por la posibilidad de que se aplique de forma retroactiva, señaló el abogado Miguel Ortíz.
En entrevista para XEU, señaló que esta medida podría afectar procesos judiciales en curso y modificar los alcances de una herramienta legal considerada esencial para la defensa de los derechos ciudadanos en México.
El jurista recordó que el juicio de amparo ha sido históricamente una vía jurídica fundamental para que los ciudadanos puedan protegerse frente a actos de autoridad arbitrarios, violaciones a sus derechos o leyes inconstitucionales.
Ortíz detalla tres ejes fundamentales de la reforma:
Eliminación del interés legítimo: Esto limitaría la posibilidad de que asociaciones civiles promuevan amparos en nombre de colectivos ciudadanos. “Hoy, esta iniciativa busca que solo quien demuestre un daño directo pueda presentar un amparo, lo cual excluye a muchas organizaciones que han sido clave para proteger derechos colectivos”.
Restricción de la suspensión: Se pretende limitar los casos en los que un juez puede suspender temporalmente los efectos de una ley o acto de autoridad. Esto debilitaría una herramienta clave para frenar abusos mientras se resuelve el fondo del juicio.
Retroactividad de la reforma: Este punto ha generado especial alarma. La iniciativa incluye un artículo transitorio que plantea aplicar los cambios incluso a juicios de amparo ya promovidos bajo la ley vigente, lo que, según Ortíz, sería “totalmente ilegal e inconstitucional”.
Pros (desde la lógica de sus impulsores):
Unificación del marco legal: Aplicar las nuevas reglas de forma general podría agilizar la administración de justicia y evitar “lagunas” legales entre casos nuevos y antiguos.
Evita abusos procesales: Quienes promueven la reforma argumentan que muchas veces el amparo ha sido usado para frenar políticas públicas de forma desmedida.
Contras (según especialistas):
Violación al principio de legalidad: La Constitución mexicana prohíbe que una ley se aplique retroactivamente en perjuicio de persona alguna.
Afectación a procesos en curso: Miles de juicios de amparo actualmente en trámite podrían verse alterados o anulados, lo que implicaría una regresión en derechos ya en defensa.
Debilitamiento del estado de derecho: “Hoy tenemos un poder judicial debilitado, y esta reforma no abona a fortalecerlo”, señala Ortíz. Agrega que con estas restricciones, el amparo deja de ser un recurso efectivo y expedito, como lo marcan los tratados internacionales.
En caso de que la iniciativa avance con ese carácter, podría ser impugnada por la vía judicial.
“Sería combatible por ciudadanos, organizaciones, e incluso partidos políticos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contravenir la Constitución y tratados internacionales”, agregó.
