El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó su profunda preocupación por las recientes investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra dos jueces federales que otorgaron suspensiones en contra de la implementación de la reforma judicial en México.
En un comunicado, advierte de “la criminalización de jueces contradice los estándares internacionales sobre independencia judicial, poniendo en riesgo el cumplimiento de México de sus obligaciones internacionales”.
A continuación el texto:
En una declaración emitida hoy, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York (City Bar) expresa su profunda preocupación por las recientes investigaciones penales iniciadas por la Fiscalía General de la República de México (FGR) contra dos jueces federales que otorgaron suspensiones en contra de la implementación de la reforma judicial en México.
Estas acciones representan una amenaza directa a la independencia judicial y agravan una preocupante tendencia en la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en México. Además, la criminalización de jueces contradice los estándares internacionales sobre independencia judicial, poniendo en riesgo el cumplimiento de México con sus obligaciones internacionales.
La posibilidad de que los jueces puedan ser investigados y sancionados por emitir resoluciones en el ejercicio de sus funciones judiciales socava principios fundamentales del debido proceso y viola los estándares internacionales de independencia judicial.
Ante la grave amenaza que suponen las investigaciones penales en curso contra los jueces. federales mexicanos Sergio Santamaría Chamú y María Gabriela Ruiz Márquez, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York hace un llamado urgente al Gobierno de México, a la Fiscalía General de la República (FGR), al Consejo de la Judicatura Federal y a todas las autoridades competentes para que cesen de inmediato cualquier forma de criminalización o represalia contra jueces que han desempeñado sus funciones en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
El City Bar exige a las autoridades mexicanas y otras instancias que:
* Cese inmediato de las investigaciones penales abiertas en contra de los jueces federales que otorgaron suspensiones en el marco de sus facultades legales. La utilización del poder penal como herramienta de intimidación vulnera la independencia judicial y mina la confianza en el Estado de derecho.
Respeto pleno a la autonomía del Poder Judicial, asegurando que los jueces puedan ejercer sus funciones sin presiones externas, conforme a los principios establecidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales ratificados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Garantías efectivas de protección para los jueces afectados, en particular medidas de seguridad para preservar su integridad física y moral, así como su independencia en el ejercicio de la función judicial.
Cumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre la independencia judicial, como las establecidas por la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Garantizar una supervisión cercana por parte de mecanismos internacionales. Las autoridades mexicanas no deben impedir ni interferir con la observación de los mecanismos y órganos internacionales de derechos humanos. Hacemos un llamado respetuoso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados para que permanezcan atentos ante cualquier intento de criminalización de jueces u otros operadores de justicia que pueda poner en peligro la independencia judicial en México.
La comunidad internacional sigue de cerca las acciones de las autoridades mexicanas en este caso, ya que serán determinantes para evaluar su compromiso con la legalidad, el respeto a las instituciones y la protección de la independencia judicial. Dado que el sistema judicial de México enfrenta cambios significativos, las autoridades deben garantizar que sus acciones respalden y refuercen la independencia judicial y el Estado de derecho, en lugar de amenazarlos.
doh
