El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó para siete provincias y tres municipios un nuevo estado de excepción, medidas que ya adoptó desde el año pasado para hacer frente a la inseguridad en el país andino.
Entre las provincias donde rige la medida por sesenta días figuran las del Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos.
Mientras que los municipios (cantones) en los que regirá la disposición son La Troncal, en la provincia del Cañar; Camilo Ponce, en la provincia del Azuay, y en el Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha.
La medida dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, así como el toque de queda desde las 22:00 hasta las 05:00 horas (03:00 a 10:00 GMT) en 22 municipios y una parroquia de Ecuador, con ciertas excepciones con las respectivas credenciales, pues no aplica para personal de servicios de salud pública y privada, miembros de la fuerza pública, seguridad privada complementaria, personal de medios de comunicación, entre otros.
El nuevo estado de excepción se declara pocos días antes de que se inicie la campaña electoral con miras a las elecciones generales del próximo 9 de febrero, en las que Noboa busca la reelección.
Asimismo, ocurre mientras Ecuador se apresta a cumplir, el próximo 9 de enero, un año bajo la declaratoria de "conflicto armado interno", decretara por Noboa en momentos de crecientes actos de violencia, que incluyeron motines en cárceles y el asalto de encapuchados armados a un canal de televisión, mientras hacía una transmisión en vivo.
Las críticas de ciertos organismos de derechos humanos por el temor de que la medida pudiese extralimitar el accionar de las fuerzas del orden se recrudecieron esta semana al confirmarse que cuatro cuerpos calcinados en Guayaquil, correspondían a los de los menores desaparecidos el 8 de diciembre después de haber sido aprehendidos por una patrulla de militares.
Las autoridades han señalado que la aprehensión tuvo lugar en una zona donde presuntamente una mujer era asaltada y anotaron que los soldados dejaron con vida a los menores, pero no los entregaron a la Policía o sus representantes legales. Además, no comunicaron sobre la aprehensión de los menores de entre 11 y 15 años a sus superiores.
La justicia ha ordenado la prisión preventiva de los 16 miembros de la patrulla militar para investigaciones en un caso que indaga una presunta desaparición forzada de los menores, cuyos cuerpos fueron enterrados el pasado miércoles.
Con información de EFE / Foto: EFE / jdm
