La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, Namiko Matzumoto, señaló que están integrando la carpeta de investigación por los hechos ocurrido en Totalco, donde dos campesinos murieron a manos de elementos de la Fuerza Civil.
En entrevista para XEU Noticias, dijo que, en caso de acreditarse la violación de los derechos humanos, podrán emitir la recomendación correspondiente.
“Efectivamente, cuando tuvimos conocimiento de los hechos, se abrió una queja de oficio inicialmente”, comentó.
Agregó que “personal de la Comisión, visitadores concretamente, se trasladaron al lugar de los hechos para identificar a las personas que hubiesen sido objeto de alguna lesión de sus derechos por parte de las autoridades involucradas (…) ya tenemos algunas personas que pusieron queja, y se ratificó la queja que abrimos de oficio”.
Respecto a la investigación, Namiko Matzumoto apuntó que “ahora mismo está integrándose, la investigación por parte nuestra ya se inició y, en el momento procesal oportuno, de así acreditarse, pues se emitirá una recomendación”.
Subrayó que, aunque desaparezca la Fuerza Civil, permanece la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que es la instancia a la que está adscrita la corporación, “y como aquí se determinan responsabilidades institucionales, de acreditarse una vulneración a derechos humanos, la recomendación iría dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública”.
Namiko Matzumoto refirió que desde que está al frente de la CEDH se han emitido 21 recomendaciones a esa corporación, “muchas más de 21 a Seguridad Pública, pero 21 involucran a elementos de la Fuerza Civil”.
Explicó que de estas 21 recomendaciones, no todas corresponden al periodo de ejercicio del gobierno actual.
Detalló que en cuanto a los aspectos observados, “generalmente en todas está involucrada una la vulneración al derecho a la integridad personal; en la mayoría, que tiene que ver con un uso desproporcionado de la fuerza al momento de la intervención de las personas”.
También, algunas de las recomendaciones tienen que ver con violación al derecho a la intimidad, por ingresar sin tener la base legal para hacerlo en domicilios de las personas, y es un derecho que está protegido constitucionalmente.
